El exfuncionario municipal figura en la nómina de exfuncionarios que no presentaron la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales al cese de funciones. Además, es investigado por presunto fraude a la administración pública vinculado al retiro de bienes de depósitos municipales.
Dos frentes, un mismo nombre
Aroldo Tonini, exsecretario de Servicios Públicos y Ambiente durante la gestión de Bettina Romero al frente de la Municipalidad de Salta, volvió a quedar expuesto públicamente. Esta vez no por una sola situación, sino por dos que corren en paralelo y que exponen distintas dimensiones de su paso por la función pública.
Por un lado, su nombre figura en la nómina oficial de exfuncionarios que todavía no presentaron la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales correspondiente al cese de sus funciones, un trámite obligatorio para quienes ocuparon cargos públicos. Por otro, enfrenta una investigación judicial por presunto fraude a la administración pública, vinculada al retiro de bienes de depósitos municipales durante el tramo final de la gestión Romero.
Qué dice la causa judicial
La investigación se centra en el desvío de mercadería e insumos de los depósitos municipales ubicados en el Parque Industrial de la ciudad de Salta, elementos que estaban destinados a programas de asistencia social. Tonini es uno de los funcionarios señalados en esa causa, imputado por presunto fraude a la administración pública.
El fiscal general de la Municipalidad, Matías Risso, se refirió públicamente a la investigación y no eludió la pregunta sobre las responsabilidades políticas más altas: «Es difícil que Bettina no haya estado al tanto de la situación», sostuvo, al remarcar que, al estar involucrados dos secretarios de Estado en la causa, resulta lógico pensar que el conocimiento de lo ocurrido llegó a los niveles superiores de conducción.
La otra deuda: el patrimonio sin declarar
En paralelo a la causa judicial, Tonini arrastra una obligación administrativa incumplida: la Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales que todo funcionario debe presentar al dejar su cargo, un mecanismo pensado para garantizar la transparencia sobre la evolución del patrimonio de quienes ejercieron funciones públicas.
Su inclusión en la nómina de exfuncionarios que todavía adeudan ese trámite se suma como un nuevo elemento de cuestionamiento sobre su gestión al frente de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente.
Cuándo y dónde ocurrió
Los hechos investigados en la causa judicial se ubican en el tramo final de la gestión de Bettina Romero al frente de la Municipalidad de Salta, con eje en los depósitos municipales del Parque Industrial de la ciudad. La falta de presentación de la declaración jurada corresponde al momento del cese de funciones de Tonini en el cargo.
Quiénes participaron
Además de Tonini, la investigación judicial involucra a otros exfuncionarios de la gestión Romero, entre ellos otro secretario de Estado, lo que llevó al fiscal municipal a plantear públicamente la posibilidad de que la situación fuera conocida en los niveles más altos de la conducción municipal de entonces.
Antecedentes
Tonini fue uno de los funcionarios de mayor confianza de Bettina Romero durante su gestión al frente del municipio capitalino, ocupando la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente. Tras el recambio de gestión —con la asunción de Emiliano Durand como nuevo intendente—, comenzaron a conocerse distintas irregularidades administrativas atribuidas a la gestión saliente, entre ellas la que hoy lo tiene como investigado.
Contexto político
El caso se enmarca en un proceso más amplio de revisión de la gestión municipal anterior, en el que la actual administración viene colaborando con la Justicia y solicitando el acceso a la totalidad de las pruebas vinculadas a la causa. La investigación busca determinar el grado de participación de cada uno de los funcionarios involucrados en el vaciamiento de los depósitos municipales.
Impacto institucional
La combinación de una causa penal por fraude con una obligación patrimonial incumplida refuerza los cuestionamientos sobre la transparencia de la gestión saliente. Para la actual conducción municipal, el caso funciona además como una forma de marcar diferencias respecto de la administración anterior, en un contexto donde la rendición de cuentas patrimonial de los funcionarios salientes cobra cada vez mayor relevancia pública.
Consecuencias y posibles escenarios
De confirmarse judicialmente las irregularidades investigadas, Tonini podría enfrentar consecuencias penales por el presunto fraude a la administración pública. En el plano administrativo, la falta de presentación de la declaración jurada de bienes también podría derivar en sanciones o en un mayor escrutinio público sobre su patrimonio personal.
El escenario que queda abierto
El doble frente que enfrenta Aroldo Tonini —una causa judicial por fraude y una obligación patrimonial incumplida— deja planteado un interrogante que excede lo individual: hasta dónde llegó el conocimiento de las irregularidades dentro de la gestión de Bettina Romero, y qué responsabilidades políticas, además de las judiciales, deberán asumirse en las próximas semanas a medida que avance la investigación.
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