La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el desafuero del diputado nacional Emiliano Estrada en el marco de una investigación por presunto peculado de servicios y abuso de autoridad. La causa busca determinar si el legislador utilizó empleados del Congreso para operar perfiles apócrifos dedicados a difundir contenido anónimo vinculado al narcotráfico.
El expediente se originó en Salta, tras denuncias sobre campañas de desinformación que involucraban referencias al narcotráfico local y señalaban al gobernador Gustavo Sáenz y a funcionarios provinciales. Luego de que la Justicia salteña se declarara incompetente, la investigación quedó en manos de la jueza federal Mariela Giménez.
El foco judicial está puesto en establecer si Estrada instruyó a su equipo en la Cámara Baja para producir material destinado a perjudicar adversarios políticos. De confirmarse, podría configurarse el delito de malversación de caudales públicos, penado con hasta diez años de prisión e inhabilitación perpetua.
En el expediente declararon dos excolaboradores del diputado, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, quienes reconocieron haber generado videos y publicaciones —entre ellos contenido que describía a Salta como “un Estado narco”— siguiendo órdenes directas de Estrada. Ambos recibieron penas de un año y cuatro meses de prisión en suspenso tras un acuerdo de juicio abreviado.
Deja una respuesta