La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia en la Justicia federal contra el ex secretario de Transporte. Sostiene que el consorcio que ganó el Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones incluye a la empresa de su familia. Mogetta y el Gobierno rechazan cualquier irregularidad.
Qué denunció Marcela Pagano
La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia, presentó una denuncia penal ante el fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Apunta contra Franco Hernán Mogetta Prevedello, quien fue secretario de Transporte de la Nación entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, y contra funcionarios del Ministerio de Economía que aún no fueron identificados.
La presentación se apoya en una investigación publicada por El Disenso, fechada el 5 de octubre y actualizada el 7. Otros medios la replicaron ese mismo día.
El eje es el siguiente: según la denuncia, el programa de privatización de rutas se anunció, diseñó y estructuró durante la gestión de Mogetta. Esto incluiría los pliegos y la convocatoria de la primera etapa. Un año después de su salida, una empresa de su familia resultó parte del consorcio que ganó uno de los tramos más importantes.
El tramo en cuestión
La adjudicación corresponde al Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones. Perfil lo identifica como la Etapa III del programa. Se formalizó mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, por 20 años, en el marco de la Licitación N° 504-0001-LPU26.
Son 681,92 kilómetros. Incluyen la Ruta 9 entre Rosario y Córdoba, además de tramos de las rutas 19 y 34. Es uno de los corredores de mayor circulación del país y conecta el centro productivo con los puertos del Gran Rosario.
Hoy hay peajes en Carcarañá, James Craik y Franck. El esquema prevé sumar tres: Leones, San Francisco y Totoras. La tarifa de referencia es de $1.399 sin IVA. Perfil estimó ingresos de unos $29.000 millones por año, equivalentes a casi 19 millones de dólares. En los 20 años de la concesión sumarían unos $580.000 millones, cerca de 383 millones de dólares. Son cálculos del medio, no cifras oficiales.
Quiénes integran el consorcio
La adjudicataria es una unión de tres firmas: Afema SA, Pablo Federico e Hijos SA y Guido Mogetta SA. La última fue fundada por el padre de Franco Mogetta en 1979.
La empresa que operará la concesión es Covicen SA. Según Perfil, su directorio incluye a Guido Ricardo Mogetta Prevedello, hermano del ex funcionario. Ese dato es central para la denuncia, porque ubica a un familiar directo en la conducción de la operadora.
La cronología que plantea la denuncia
El orden de los hechos es parte de lo que deberá analizar la Justicia:
- 14 de febrero de 2025: el Decreto 97/2025 autorizó la privatización de Corredores Viales SA. Mogetta estaba en el cargo.
- 1 de mayo de 2025: Mogetta dejó la Secretaría de Transporte. Días después se sumó a La Libertad Avanza en Córdoba. Según se informó, había llegado al Gobierno por un acuerdo entre Javier Milei y Juan Schiaretti.
- 29 de agosto de 2025: el proceso de privatización comenzó formalmente.
- 21 de febrero de 2026: se autorizó la licitación de la Etapa III.
- 2026: se adjudicó el Tramo Centro, unos 15 meses después de la salida de Mogetta.
Lo que sostiene la presentación
Según la denuncia, Mogetta tenía una participación del 5,71 % en Guido Mogetta SA cuando asumió, valuada en unos 160 millones de pesos. Más tarde ese valor figuraría en cero. La presentación también afirma que habría recibido dividendos en 2024.
Hay un dato que la defensa puede usar. Mogetta declaró esa participación en su declaración jurada de 2024 y, según su entorno, la vendió en 2025 a su madre y sus hermanos.
La denuncia agrega que, durante su gestión, la empresa familiar ganó obras en Catamarca por más de 3.500 millones de pesos. También plantea que los comités de evaluación de la licitación no habrían revisado las normas de conflicto de intereses, que surgen de la Ley 25.188 de Ética Pública y del Decreto 202/2017.
Los delitos que se mencionan
De manera provisoria, la denuncia cita tres artículos del Código Penal:
- Artículo 265: negociaciones incompatibles con la función pública.
- Artículo 268: presentación de declaración jurada falsa u omitida, y uso de información reservada.
- Artículo 248: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pagano pidió medidas de prueba concretas: el expediente completo de la licitación, la documentación de Guido Mogetta SA y de Covicen SA, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, y la preservación de la cuenta de Mogetta en el sistema de Gestión Documental Electrónica.
Se trata de una calificación inicial, hecha por quien denuncia. Corresponde a un juez y a un fiscal determinar si los hechos encajan en alguno de esos delitos.
Qué responden Mogetta y el Gobierno
Mogetta habló con Perfil Córdoba y fue categórico: «No tengo nada que ver con la empresa familiar». También negó haber participado en la redacción de los pliegos. Personas de su entorno sostuvieron que nunca intervino y que vendió su parte de la herencia a su madre y a sus hermanos.
La Secretaría de Transporte indicó que Mogetta no tiene relación comercial ni participación accionaria en Guido Mogetta SA. Agregó que no firmó ni intervino en la elaboración de las condiciones de la licitación de la Red Federal de Concesiones.
Vialidad Nacional, por su parte, aclaró que el peaje de la toma de posesión será el vigente. Hasta el momento, El Disenso y Del Sur Diario informaron que no hubo respuesta de Mogetta a la denuncia en sí.
El contexto político
La denuncia llega en un momento sensible para el Gobierno. La privatización de rutas es una de las políticas que el oficialismo presenta como símbolo de su programa de retiro del Estado y de recorte del gasto. La Red Federal de Concesiones es la herramienta central de ese plan.
Para Pagano, la presentación también tiene un peso político. Es una legisladora que construye su perfil con denuncias sobre la gestión oficial. El caso toca además a un dirigente que llegó al Gobierno por un acuerdo con el peronismo cordobés y que luego se incorporó al armado libertario en esa provincia.
El impacto institucional
El expediente pone en discusión cómo se controlan los conflictos de intereses cuando un funcionario participa en el diseño de una política y después sus vínculos familiares se ven alcanzados por ella. La Ley 25.188 y el Decreto 202/2017 obligan a declarar intereses y a excusarse cuando corresponde. La pregunta de fondo es si los mecanismos de control funcionaron en cada instancia de la licitación.
También interesa a futuro el modo en que se evaluará la intervención de otros funcionarios. La denuncia incluye a integrantes del Ministerio de Economía que todavía no están identificados. Si avanza, la investigación podría ampliarse más allá de Mogetta.
Los escenarios que se abren
Hay tres caminos posibles. El primero es que el juez delegue la investigación en un fiscal, que reúna la documentación pedida y evalúe si hay elementos para imputar. El segundo es que se desestime la denuncia por inexistencia de delito, algo frecuente cuando la prueba inicial es documental y se discute la interpretación. El tercero es que la causa derive en una investigación más amplia sobre el proceso de adjudicación.
En cualquier caso, los plazos de la Justicia federal suelen ser largos. Mientras tanto, la concesión sigue su curso y los contratos quedan firmes, salvo que algún organismo de control o un juez disponga lo contrario.
Un escenario que queda abierto
La denuncia no prueba por sí sola que haya habido una irregularidad. Tampoco las negativas de Mogetta y de Transporte cierran el tema. Lo que queda abierto es si la documentación de la licitación y los registros societarios confirman o descartan el vínculo que plantea Pagano. La respuesta puede definir si el caso se limita a una polémica política o se convierte en una causa con consecuencias para exfuncionarios y para una de las concesiones más valiosas del país.
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