Un informe de Argentinos por la Educación, difundido por Infobae, estima que el Estado nacional destinará este año el 0,77% del PBI a Educación y Cultura, frente al 1,42% de 2023. El proyecto de Presupuesto 2027 prevé una mejora real del 5,6%, pero el gasto seguiría 44% por debajo del de hace tres años y se concentraría cada vez más en las universidades.
Desarrollo
Un piso que no se veía en al menos dos décadas
El Estado nacional invertiría en 2026 el 0,77% del Producto Bruto Interno en Educación y Cultura. Es el porcentaje más bajo de al menos los últimos 20 años, según un informe de la organización Argentinos por la Educación que difundió Infobae. La comparación con el pasado reciente es contundente: en 2023, el último año de la gestión anterior, la inversión nacional era del 1,42% del PBI.
En otras palabras, en tres años el peso de la educación en la economía nacional se achicó casi a la mitad. La cifra se refiere únicamente al gasto del Gobierno nacional y no incluye lo que aportan las provincias, que son las que sostienen la mayor parte del sistema.
Qué dicen los números en pesos
El informe mide la evolución del gasto en pesos constantes de 2026, para descontar el efecto de la inflación. En 2023, el Estado nacional destinó 16,7 billones de pesos a educación. En 2024 esa cifra bajó a 9,4 billones, y en 2025 a 8,7 billones. Para 2026 se estiman 8,8 billones.
La diferencia entre el punto de partida y el estimado de este año arroja una caída real del 47,3%. El mayor recorte se concentró en 2024, cuando el gasto se redujo de un año para el otro en más de siete billones de pesos. Desde entonces, los montos se mantuvieron en un nivel similar, sin recuperar lo perdido.
Qué prevé el Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto para 2027 contempla una recuperación real del 5,6% en Educación y Cultura, con un total cercano a los 9,8 billones de pesos. Es una mejora, pero parte de un piso muy bajo: la inversión alcanzaría apenas el 0,79% del PBI y quedaría 44% por debajo de la de 2023.
Sería, además, el cuarto año consecutivo por debajo del 1% del PBI. El informe recuerda que la meta del 6% del PBI en educación, que se vincula con la Ley de Educación Nacional de 2006, se cumplió por última vez en 2015.
El presupuesto se reordena: las universidades concentran el gasto
Uno de los datos más llamativos del informe es el cambio en la distribución interna de los fondos. En 2023, las universidades representaban el 58% del presupuesto educativo nacional. Para 2027, ese porcentaje llegaría al 80,1%.
Detrás de ese salto no hay un aumento fuerte para las universidades: el proyecto les asigna un crecimiento real de apenas 0,3% en 2027, es decir, un financiamiento prácticamente estable. Lo que cambia es el resto del sistema. Según el análisis difundido por Infobae, el gasto nacional en educación obligatoria habría caído alrededor de 76% desde 2023, mientras que el de las universidades se redujo 25%.
Qué se recorta dentro del sistema
Las estimaciones de la CTERA para 2027, en comparación con 2023, detallan el impacto sobre distintos programas. La inversión en infraestructura y equipamiento escolar caería 92,8%. La formación docente se reduciría cerca de 60% y las becas educativas, 77,2%. Los fondos para comedores escolares quedarían 28% por debajo de los niveles de 2023.
Sol Alzú, de Argentinos por la Educación, explicó la rigidez del presupuesto: «Nueve de cada diez pesos van a salarios docentes». Eso deja alrededor de un peso de cada diez para todo lo demás, incluyendo infraestructura y capacitación profesional, un margen que la organización considera insuficiente.
Una excepción: el Plan Nacional de Alfabetización
No todos los programas pierden fondos. El Plan Nacional de Alfabetización recibiría 773.800 millones de pesos, con un aumento nominal del 38,3%. En 2027 tendría un crecimiento real del 12,5%, y el 75,8% de su presupuesto se destinaría a la extensión de la jornada escolar.
Es una de las pocas líneas con mejora, en línea con la prioridad que el Gobierno le dio a la alfabetización en sus anuncios educativos.
El rol de las provincias
Las provincias financian cerca del 75% del sistema educativo argentino. Mientras la Nación sostiene a las universidades, los distritos pagan la educación obligatoria: los docentes de escuelas primarias y secundarias, el funcionamiento cotidiano y buena parte de la infraestructura.
Por eso el gasto consolidado, que suma lo que invierten Nación y provincias, es el indicador más completo. Según el informe, pasó del 5,2% del PBI en 2023 al 4,1% en 2024, y se mantendría en torno al 4% hasta 2027. Esto genera desigualdades entre territorios, ya que no todas las provincias tienen la misma capacidad fiscal para compensar la retirada de fondos nacionales.
La mirada de los especialistas
El investigador Javier Curcio sostuvo que mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también «una inversión sostenida y suficiente que fortalezca las capacidades del sistema en todos los niveles». Por su parte, Marcelo Rabossi advirtió que la inversión nacional en educación como porcentaje del PBI pasó de 1,42% en 2023 a un proyectado 0,79% en 2027, y que las universidades enfrentan una capacidad cuestionable para sostener un funcionamiento adecuado.
Antecedentes: el debate sobre el ajuste educativo
La discusión sobre el financiamiento educativo atraviesa a toda la gestión. El Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal es una condición necesaria para el desarrollo, y que el gasto debe evaluarse por resultados y no solo por montos. Los especialistas replican que una caída de esta magnitud afecta áreas que no se pueden recuperar rápido, como la infraestructura escolar y la formación de docentes.
El informe llega, además, en el momento en que el Presupuesto 2027 empieza a discutirse, lo que lo instala como argumento central para quienes reclaman una mayor asignación de fondos.
Un escenario que queda abierto
El Presupuesto 2027 será el próximo debate en el Congreso, y la educación aparece como uno de sus puntos más sensibles. La pregunta que queda planteada es si la leve recuperación prevista alcanzará para frenar el deterioro acumulado, o si el sistema seguirá funcionando con una inversión nacional muy inferior a la de 2023, con las provincias sosteniendo la mayor parte del esfuerzo y con una distribución interna que deja cada vez menos recursos para la educación obligatoria.
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