El Concejo Deliberante investiga la entrega de una hectárea a un empresario privado sin licitación pública ni consulta al cuerpo legislativo, en un predio que además estaría ubicado en el cauce de un río. Mientras tanto, más de 150 familias esperan acceder a tierras para sus viviendas.
Un escándalo que sacude a la villa quebradeña
El Concejo Deliberante de Tilcara investiga la cesión de una hectárea de terreno fiscal a un empresario privado, realizada por la intendenta Sonia Pérez, sin consulta al cuerpo legislativo ni licitación pública. La noticia generó un fuerte revuelo entre los vecinos de la localidad jujeña, que expresaron su indignación ante lo que consideran un manejo irregular de las tierras del pueblo.
La resolución en cuestión
Según pudo reconstruirse, la medida cuestionada es la resolución 65/2025, con fecha 18 de diciembre de 2025 y firma de la propia intendenta, que autorizaba la ocupación de un lote fiscal de una hectárea a favor del empresario Bertil Kindgard, un predio que colinda con el río Huichaira sobre la Ruta Nacional 9. La resolución no fue informada oportunamente a la comunidad ni al Concejo Deliberante, que tomó conocimiento del hecho a través de publicaciones en redes sociales.
Las irregularidades denunciadas
El concejal David Cardozo, vicepresidente primero del cuerpo legislativo, detalló las principales irregularidades del caso. Según explicó, el terreno cedido «a dedo» ni siquiera sería apto para el asentamiento humano, ya que se encuentra ubicado en pleno cauce del río y presenta límites de jurisdicción borrosos. Cardozo también remarcó que la normativa vigente establece de manera clara que la entrega de tierras fiscales a privados debe realizarse mediante una licitación pública, un procedimiento que en este caso no se habría cumplido.
El reclamo del concejal
Con dureza, Cardozo cuestionó públicamente la decisión de la jefa comunal: «¿A qué estamos jugando? ¿Por qué ese autoritarismo y ese atropello a la gente de Tilcara?». El edil remarcó que este tipo de terrenos deberían destinarse prioritariamente al beneficio de los propios habitantes de la localidad, en un contexto donde más de 150 familias de Tilcara esperan actualmente poder acceder a tierras para construir sus viviendas.
La sesión especial de urgencia
Ante la magnitud del escándalo, el Concejo Deliberante debió convocar a una sesión especial de urgencia para solicitar explicaciones formales sobre la medida y analizar los pasos a seguir. Los concejales también expresaron preocupación por la actuación de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la provincia: según Cardozo, ese organismo habría reconocido que la intendenta no tendría facultades para otorgar terrenos sin la documentación correspondiente, pero de todos modos personal técnico se hizo presente en el lugar para realizar mediciones del predio.
Un conflicto que también llegó a la Justicia
El caso escaló además a otro ámbito: el terreno involucrado limita con el municipio vecino de Maimará, que presentó una medida cautelar ante la Justicia para frenar cualquier avance sobre esa zona en disputa de jurisdicción entre ambos municipios.
El intento de anulación de la medida
Frente a la ola de cuestionamientos, la propia intendenta Sonia Pérez confirmó que la resolución había quedado sin efecto. Sin embargo, esa marcha atrás no despejó las dudas de los concejales, que remarcan que la falta de transparencia en todo el proceso —desde la firma de la resolución hasta su reversión— amerita una investigación más profunda sobre lo ocurrido.
Los próximos pasos de la investigación
Los concejales solicitaron documentación a organismos provinciales para reconstruir con precisión todo el proceso administrativo detrás de la cesión del terreno, y anticiparon que podrían presentar una denuncia penal para esclarecer lo ocurrido, en caso de que la documentación recabada confirme irregularidades en el procedimiento.
Un antecedente de tensiones con la intendenta
Este no es el primer conflicto que enfrenta la gestión de Sonia Pérez en los últimos meses. Semanas atrás, la comunidad aborigen Cueva del Inca ya había denunciado públicamente a la intendenta por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública y por discriminación, luego de que vetara una ordenanza que buscaba asignar nombres oficiales a las calles de su territorio ancestral, en el marco de un histórico litigio de tierras entre el municipio y una familia terrateniente.
Qué puede pasar de acá en más
Con la documentación solicitada a organismos provinciales todavía en proceso de recopilación, la definición sobre si finalmente se presentará una denuncia penal formal contra la intendenta dependerá de lo que arroje esa información. Mientras tanto, el reclamo de fondo —el acceso a tierras para las más de 150 familias que esperan una solución habitacional en Tilcara— sigue sin resolverse, en medio de un escándalo que expone las tensiones entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante en torno al manejo de los recursos fiscales del pueblo.
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