El referente político salteño se sumó al respaldo del proyecto presentado por la diputada Mónica Juárez, aunque planteó reparos sobre cómo debería aplicarse en caso de un dictamen desfavorable, para no vulnerar los mecanismos de remoción previstos en la Constitución provincial.
Un proyecto que sigue sumando repercusión
Hace unos días se conoció el proyecto que presentó la diputada provincial Mónica Juárez, el cual busca que se realicen evaluaciones psicológicas obligatorias para autoridades y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Salta antes de asumir y posteriormente cada dos años, mediante equipos interdisciplinarios independientes. Según explicó la propia legisladora al presentar la iniciativa, «gobernar, legislar o administrar justicia implica afrontar escenarios de presión, conflictos complejos y decisiones que impactan sobre otras personas. Es razonable que el Estado establezca estándares acordes con esa responsabilidad».
El carácter confidencial de las evaluaciones
Las evaluaciones serán confidenciales y no estarán destinadas a analizar ideologías u opiniones, sino aptitudes necesarias para el ejercicio responsable de la función pública. El proyecto incorpora además garantías destinadas a preservar la intimidad, reserva y confidencialidad de la información obtenida, con el objetivo explícito de evitar cualquier interpretación vinculada con la estigmatización de la salud mental o con un intento de condicionar las ideas políticas de los evaluados.
El respaldo de Kosiner
El referente político Pablo Kosiner opinó al respecto y aseguró que este proyecto es un buen disparador también para debatirlo a nivel nacional. «Yo creo que una ley al respecto sería importante hoy estarla discutiendo a nivel nacional», recalcó. Kosiner fundamentó su respaldo apelando a una comparación con el mundo laboral privado: «En muchos lugares, previo al acceso a un trabajo determinado o después del ingreso, y periódicamente, se hacen ese tipo de evaluaciones, y no veo por qué aquella persona que ha sido elegida para ocupar un cargo público no lo pueda hacer».
La aclaración sobre tratamientos previos
El dirigente se animó a ir más allá y planteó un matiz importante sobre la aplicación de la norma: «En caso de personas que se incorporan ya con algún tipo de tratamiento, eso no puede considerarse una causal de exclusión. Hay que respetar las características de cada uno de los tratamientos previos a la incorporación», sostuvo, buscando despejar cualquier interpretación que pudiera derivar en discriminación hacia quienes ya se encuentran bajo seguimiento psicológico o psiquiátrico al momento de asumir un cargo.
El reparo sobre los mecanismos de remoción
Kosiner también analizó algunos puntos específicos del proyecto y planteó reparos institucionales sobre cómo debería procederse ante un eventual resultado desfavorable. «Si es una persona, por ejemplo, un legislador provincial que luego de un tiempo de ejercer el cargo tiene un dictamen desfavorable por sus condiciones, eso debe ser evaluado por la misma Cámara como cuerpo o por una comisión de juicio político, en el caso de ser funcionarios sometidos a juicio político, porque lo que no puede hacerse es vulnerar los mecanismos establecidos en la Constitución provincial para la remoción», aclaró.
El caso de los funcionarios del Ejecutivo
Por último, el dirigente insistió en que, en el caso de los funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo, la evaluación de un eventual resultado desfavorable «debe evaluarlo quien lo ha designado, para que la ley no vulnere los mecanismos de remoción establecidos en la misma Constitución». Con ese planteo, Kosiner buscó anticipar un debate técnico central que deberá resolver la Legislatura salteña: cómo compatibilizar esta nueva herramienta de evaluación con los procedimientos de destitución o remoción ya previstos por la Constitución provincial para cada uno de los tres poderes del Estado.
Un debate que recién empieza
El proyecto de Juárez todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente en la Cámara de Diputados de Salta, donde se discutirán tanto su alcance como los mecanismos concretos para realizar las evaluaciones y las garantías de privacidad para quienes sean sometidos a estos controles. La opinión de Kosiner se suma como una de las primeras voces políticas de peso en respaldar públicamente la iniciativa, aunque marcando la necesidad de ajustar ciertos aspectos del texto para no colisionar con las normas constitucionales vigentes.
Qué puede pasar de acá en más
Con el respaldo de referentes como Kosiner y el debate instalado tanto en el ámbito provincial como en la posibilidad de una réplica a nivel nacional, el proyecto de evaluaciones psicológicas obligatorias para funcionarios públicos promete seguir generando discusión en las próximas semanas. La resolución final dependerá del tratamiento que le dé la Legislatura salteña, en particular respecto de cómo se articulará esta nueva herramienta con los mecanismos de remoción y juicio político ya previstos por la Constitución provincial.
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