La defensa de la expresidenta presentó un informe técnico que busca desmontar uno de los argumentos centrales de la condena en la causa Vialidad, al mostrar que las empresas del Grupo Austral concentraron una porción mínima de los fondos distribuidos entre 2009 y 2015.
Una nueva ofensiva judicial de la defensa
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron un informe con nuevas pruebas para discutir la condena en la causa Vialidad. El equipo legal, integrado por Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, sostiene que el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió apenas un 0,85% de los fondos destinados a obras públicas, y que esto desvirtuaría uno de los pilares centrales de la condena.
El informe técnico presentado
Durante una conferencia de prensa, el equipo legal mostró un informe elaborado por la consultora Specs sobre los fondos del fideicomiso de transporte conocido como SISVIAL, creado por el Decreto 54/2009 firmado por la propia Cristina Kirchner cuando era presidenta. Según el estudio, entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015 se financiaron 367 obras, participaron 114 empresas constructoras y se pagaron 3.855 certificados de obra, por un total desembolsado de US$ 2.200,45 millones.
El dato central: apenas el 0,85%
Dentro de ese universo, cuatro empresas vinculadas al Grupo Austral —Austral Construcciones S.A., Gotti S.A., Sucesión de Adelmo Biancalani y Kank y Costilla S.A.— recibieron en conjunto US$ 18,66 millones, lo que representa apenas el 0,85% del total distribuido. Según la defensa, solo 17 de las 367 obras analizadas, equivalentes al 4,63% del universo relevado, estuvieron vinculadas a ese grupo empresario.
La palabra de los abogados
«El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos del fideicomiso de transportes, a partir de un decreto que firma Cristina Kirchner, y dice que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras que habían sido asignadas a Lázaro Báez», explicó Beraldi durante la presentación. El abogado brasileño Rafael Valim calificó la participación del Grupo Austral como «una participación ridícula» y sostuvo que resulta «insostenible» afirmar que el decreto tuvo como objetivo específico beneficiar a esas empresas.
El ranking de las principales beneficiarias
Según el propio informe, ninguna empresa del Grupo Austral aparece entre las quince constructoras que concentraron el 75% del total financiado por esa fuente presupuestaria. El primer lugar lo ocupa IECSA, vinculada al primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, con el 16,36% del monto total (unos US$ 360 millones), seguida por JCR, Benito Roggio e Hijos, José Cartellone Construcciones Civiles y Rovella Carranza.
El origen de la investigación
Según relató el propio equipo de defensa, comenzaron a investigar el porcentaje de fondos que recibió el Grupo Austral a partir de la declaración testimonial de un funcionario de Vialidad, propuesto originalmente por la fiscalía en el marco del juicio conocido como «los cuadernos de las coimas». «Cuando vimos eso, pedimos esa información e iniciamos una investigación», explicó Beraldi sobre el origen de esta nueva línea de trabajo.
El objetivo: la ONU y la revisión judicial
Los letrados confirmaron que la prioridad es presentar un recurso de revisión judicial para que «Cristina recupere la libertad y reanude su actividad política». La documentación también será incorporada a la presentación que el equipo de defensa ya tiene en trámite ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco de la estrategia jurídica internacional que también lleva adelante Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La respuesta desde Comodoro Py
Tras el anuncio, un magistrado de los tribunales federales que intervino en la causa Vialidad señaló a Infobae que esta cuestión no es nueva, sino que ya fue «tratada y rechazada varias veces» en instancias anteriores. El juez remarcó además que el informe se basa en datos de alcance nacional, mientras que el juicio se centró exclusivamente en la obra pública de la provincia de Santa Cruz, donde Lázaro Báez sí concentró, según el fallo original, «cerca del 85% de las obras» adjudicadas en ese distrito puntual.
El respaldo político al anuncio
El anuncio generó rápida repercusión entre dirigentes del espacio kirchnerista. El ministro del Interior durante la gestión de Alberto Fernández, Eduardo «Wado» de Pedro, publicó en sus redes sociales: «Siempre denunciamos que a Cristina la condenaron sin pruebas. Hoy volvió a quedar en evidencia: sus abogados demostraron la falsedad del principal argumento utilizado para condenarla». Y agregó: «Cristina es inocente y tiene que estar libre».
El contexto: la estrategia jurídica internacional en marcha
Este nuevo informe se suma a la ofensiva judicial internacional que el equipo de Cristina Kirchner viene desplegando desde hace semanas, con la incorporación de Borrego y Valim al equipo de defensa, en un intento por levantar la proscripción que hoy le impide competir por cargos electivos y habilitar así una eventual candidatura de cara a las elecciones de 2027.
Un debate que sigue abierto
Con la Justicia argentina ya adelantando una postura escéptica sobre la novedad del planteo, la discusión sobre el verdadero alcance de este informe técnico promete continuar en las próximas semanas, tanto en los tribunales de Comodoro Py como en el plano internacional, en un expediente que combina la disputa judicial con la definición del futuro político de la expresidenta.
Qué escenario queda planteado
Con el recurso de revisión todavía por presentarse formalmente y la respuesta judicial inicial ya marcando distancia con la novedad del planteo, el desenlace de esta nueva estrategia legal dependerá de si los tribunales argentinos aceptan revisar los fundamentos de la condena a la luz de este informe, o si la reafirman en los mismos términos que motivaron el fallo original de la Corte Suprema.
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