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Monteoliva defendió al policía que disparó de civil contra manifestantes y cargó contra quienes protestan «con maza y martillo»

La ministra de Seguridad confirmó la identidad del comisario Gustavo Gauna, minimizó la falta de identificación visible y el tipo de arma utilizada, y trasladó la responsabilidad de la represión hacia los propios manifestantes.

Una imagen que no paró de generar repercusión

El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la Policía Federal Argentina, fue identificado como el efectivo que apareció vestido de civil y disparando durante la protesta contra la Ley de Tierras frente al Congreso. La imagen, tomada durante la represión de la marcha del jueves pasado contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se viralizó durante el fin de semana y generó cuestionamientos de sectores de la oposición.

La confirmación oficial

En declaraciones realizadas en la Bolsa de Comercio de Córdoba, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que se trata de un integrante de la PFA y explicó que Gauna pertenece a la división de Lucha contra Organizaciones Criminales, cuyos efectivos suelen trabajar de civil en determinados operativos. «La gente de Investigaciones está de civil. Deben colgar la placa. Generalmente, el jefe de Investigaciones está de civil con su placa», sostuvo la funcionaria, aunque reconoció no tener certeza sobre el rango exacto del comisario.

La falta de identificación

Pese a que las fotografías difundidas no muestran ningún elemento identificatorio visible en la indumentaria de Gauna, Monteoliva relativizó ese punto: «Es probable que haya tenido su placa colgada», afirmó, sin poder confirmarlo con precisión. La ministra explicó que, según el protocolo, ese tipo de agentes debe llevar una campera con el logo de la fuerza y la identificación correspondiente, aunque las imágenes del episodio no reflejan ese requisito.

El arma utilizada

Consultada sobre el tipo de arma con la que el comisario apuntó a los manifestantes, Monteoliva minimizó su potencial ofensivo: «Con respecto al arma, es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo», declaró, tras dudar varios segundos sobre la descripción del armamento utilizado por el efectivo durante el operativo.

El giro hacia los manifestantes

En lugar de profundizar sobre la actuación del comisario, Monteoliva trasladó el eje del cuestionamiento hacia los propios manifestantes que participaron de la protesta. «Me preocupa cada vez más son los manifestantes que van con masas y martillos a las manifestaciones», sostuvo la ministra, y agregó: «Quisiera entender el momento en que un manifestante va con una masa y un martillo. No creo que venga de laburar». Según su planteo, «esos son los que tienen que explicar qué fueron a hacer a una manifestación pacífica».

Las agresiones a las fuerzas de seguridad

La funcionaria también cuestionó a quienes, según su versión, agredieron a las fuerzas de seguridad durante la protesta: «Que expliquen los que rompen, los que destruyen, los que queman con agua caliente a los gendarmes. Que expliquen los que les escupen el uniforme a los gendarmes todos los benditos miércoles», expresó. En ese marco, Monteoliva afirmó que existen agentes con lesiones «irrecuperables» en la columna, y cifró en más de 200 los efectivos que quedaron fuera de actividad por lesiones sufridas durante las movilizaciones de los últimos meses.

El silencio sobre los manifestantes heridos

Pese a la extensión de sus declaraciones sobre las agresiones sufridas por las fuerzas de seguridad, Monteoliva evitó referirse puntualmente a los manifestantes que resultaron heridos durante la represión del jueves, entre ellos una persona que recibió un impacto en el ojo durante el operativo frente al Congreso.

El respaldo de Bullrich

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también salió a respaldar la actuación de las fuerzas de seguridad durante la jornada, poniendo el foco en los incidentes previos protagonizados por manifestantes y evitando cuestionar la intervención policial durante la protesta. La senadora negó además cualquier tipo de relación personal con Gauna, actual jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal.

El pedido de citación en el Congreso

El episodio provocó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición y un pedido formal para citar a Monteoliva al Congreso, con el objetivo de que explique tanto la presencia de agentes armados sin identificación visible durante la manifestación como los criterios utilizados para el despliegue de fuerzas de seguridad frente a una protesta social. Desde esos mismos sectores se denunció además que efectivos vestidos de civil habrían participado también de otras manifestaciones recientes, más allá de la del jueves pasado.

Una denuncia penal en danza

El episodio derivó además en la presentación de una denuncia penal contra la propia Monteoliva y contra Gauna, que la coloca bajo investigación por su eventual responsabilidad en la planificación y conducción del operativo de represión. Hasta el momento, ni el Ministerio de Seguridad ni la Policía Federal informaron sobre medidas disciplinarias formales contra el comisario señalado.

Un debate que se repite con cada protesta

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos que distintas organizaciones de derechos humanos y sectores políticos vienen realizando sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones sociales de los últimos meses, en particular las marchas semanales de jubilados y las movilizaciones vinculadas al debate legislativo por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Qué puede pasar de acá en más

Con el pedido de citación a Monteoliva todavía sin resolver y la denuncia penal en curso, el episodio del comisario Gauna promete seguir generando controversia en las próximas semanas. La discusión de fondo —los límites del accionar policial durante manifestaciones públicas y la transparencia en la identificación de los efectivos desplegados— continúa sin una respuesta institucional definitiva por parte del Gobierno nacional.

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