En su editorial de Odisea Argentina, por LN+, el periodista señaló que pese al relato oficial de que el mercado debe fijar el rumbo productivo sin intervención estatal, el propio Gobierno sostiene un régimen que beneficia con ventajas impositivas específicas a minería, petróleo y gas por sobre otros sectores.
Una contradicción señalada en pleno editorial
Carlos Pagni utilizó su editorial en el ciclo Odisea Argentina, transmitido por LN+, para marcar una tensión de fondo dentro del propio esquema económico del Gobierno de Javier Milei. Según planteó, la administración libertaria sostiene públicamente que no debe existir una política productiva definida desde el Estado, sino que esa función le corresponde exclusivamente al mercado. Sin embargo, remarcó, esa premisa choca con la existencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga determinadas ventajas impositivas a sectores puntuales —minería, petróleo y gas— que no reciben otras ramas de la economía.
El contexto del debate sobre el RIGI
El señalamiento de Pagni se da en medio de un debate cada vez más extendido sobre los alcances reales del régimen. Distintos informes técnicos, entre ellos uno del Observatorio RIGI difundido semanas atrás, ya habían advertido que el esquema «consolidó un perfil fuertemente extractivo» y no logró dinamizar otros sectores de la economía. Según esos datos, de los 44 proyectos presentados por casi USD 200.000 millones, la amplia mayoría corresponde a minería, petróleo y gas, mientras que apenas el 4,7% de las pequeñas y medianas empresas del país participa como proveedora directa o indirecta de esas iniciativas.
Beneficios diferenciales para pocos sectores
El RIGI otorga a las empresas que invierten más de USD 200 millones en sectores considerados estratégicos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios sostenidos durante treinta años, entre ellos una alícuota reducida en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de bienes y exenciones en derechos de importación y exportación. Se trata, según remarcan los críticos del esquema, de un tratamiento excepcional que contradice el discurso de neutralidad estatal frente a la actividad productiva que el propio Gobierno defiende en otros planos de la política económica.
Un debate que también divide al peronismo
La discusión sobre el RIGI no se limita al plano estrictamente económico ni a las críticas externas al oficialismo: también atraviesa la interna del peronismo, donde referentes como el diputado nacional Guillermo Michel vienen sosteniendo que, más allá de las críticas a la cantidad de beneficios otorgados, los contratos ya firmados deben respetarse para preservar la seguridad jurídica, mientras otros sectores, como el gobernador riojano Ricardo Quintela, plantean directamente la posibilidad de revisar o incluso expropiar proyectos si el espacio vuelve al poder en 2027.
Una tensión que atraviesa la matriz económica
El planteo de Pagni pone el foco en una discusión de fondo: si el modelo económico libertario, que se presenta a sí mismo como un esquema de desregulación y neutralidad estatal, en los hechos convive con una fuerte selectividad sectorial a la hora de definir quién recibe incentivos fiscales y quién no. Esa selectividad, según distintos análisis, podría estar profundizando una economía «a dos velocidades», con un puñado de sectores altamente competitivos y globalizados conviviendo con actividades tradicionales rezagadas, en un contexto de caída sostenida del empleo formal en industria, comercio y construcción.
Qué escenario queda planteado
Con el RIGI consolidándose como uno de los pilares centrales de la estrategia económica del Gobierno, la crítica de Pagni reabre una discusión que promete profundizarse a medida que avancen nuevos proyectos de inversión: hasta qué punto es sostenible, tanto en términos discursivos como de política pública, defender la no intervención estatal en la economía mientras se mantiene un régimen que define de manera explícita a qué sectores beneficiar por sobre otros.
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