El diputado nacional, hombre de confianza de Gustavo Sáenz, volvió a reclamar por el estado de la infraestructura vial salteña, en particular la ruta 9/34, y advirtió que la provincia no puede sostener sola las responsabilidades que históricamente compartía con Nación.
Un reclamo que se repite con fuerza
«En la ruta 9/34 tenemos más de 450 kilómetros destruidos, una situación que afecta a la producción, al transporte y a miles de salteños que transitan todos los días». Con esta definición, el diputado nacional Pablo Outes, uno de los dirigentes de mayor confianza del gobernador Gustavo Sáenz, volvió a poner en agenda el estado crítico de la infraestructura vial de la provincia, en un reclamo que combina el diagnóstico técnico con un fuerte cuestionamiento político hacia el Gobierno nacional.
La responsabilidad compartida que hoy recae solo en la provincia
Según remarcó el legislador, «muchas de estas responsabilidades eran compartidas con el Gobierno Nacional y hoy la provincia no puede dar sola la respuesta que desearía». Outes fue más allá al señalar que «lo más grave es la falta de acompañamiento y de un lineamiento claro para resolver problemas que son fundamentales para el desarrollo», en una crítica directa a la ausencia de una política federal de infraestructura vial coordinada entre Nación y provincias.
El compromiso de seguir insistiendo
El diputado cerró su mensaje con una definición de fondo sobre la relación entre infraestructura y desarrollo económico: «Vamos a seguir insistiendo porque sin infraestructura no hay crecimiento posible para Salta ni para el norte argentino», remarcando que el estado de las rutas no es solo un problema de seguridad vial, sino una condición necesaria para sostener la producción y el transporte de toda la región.
Un reclamo que Outes viene sosteniendo en distintos foros
No es la primera vez que Outes encabeza este tipo de planteos. El legislador ya había participado de reuniones conjuntas con funcionarios de Santa Fe y Corrientes para exigirle a Nación el mantenimiento de rutas nacionales como las 11, 12, 14 y 34, sosteniendo en esa oportunidad que «hay un incumplimiento, hay una responsabilidad penal» por parte de las empresas concesionarias que continúan cobrando peajes sin ejecutar las obras de mantenimiento correspondientes.
El antecedente inmediato: la ruta 9/34
Este reclamo se da apenas semanas después de que el propio Gobierno provincial debiera asumir con fondos propios la reparación de un tramo clave de la Ruta Nacional 9/34, entre las localidades de Metán y Rosario de la Frontera. Se trata de 27 kilómetros considerados estratégicos para la conectividad y la seguridad vial del sur salteño, un corredor que durante años arrastró la fama de ser conocido como «la ruta de la muerte» por la cantidad de siniestros viales registrados en ese tramo.
Una decisión tomada ante la demora nacional
Según había explicado el propio gobernador Sáenz al anunciar esa intervención, «quienes transitan por la ruta nacional 9/34, en el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán, no pueden seguir esperando una solución que no llega. Por esa razón, tomé la decisión de invertir fondos provinciales en la reparación de ese tramo de la ruta, aunque sea nacional». La Provincia destinó entre $2.800 y $3.000 millones para esos trabajos, en una obra que en rigor le corresponde ejecutar y financiar al Estado nacional a través de Vialidad Nacional.
Un diagnóstico técnico que respalda el reclamo
El propio director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, había advertido en declaraciones a medios locales que «la inversión de Nación en cuanto a rutas nacionales está totalmente parada, está quedada en el tiempo», y detalló que de los 3.000 kilómetros de rutas a cargo de Vialidad Nacional en la provincia, 2.250 están pavimentados pero en mal estado. Macedo también reveló que ya existen presentaciones judiciales contra Vialidad Nacional por el estado de las rutas y cuestionamientos de usuarios por el cobro de peajes en sectores deteriorados.
Un patrón que se repite en distintas provincias
El reclamo salteño no es un caso aislado: un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advirtió que Argentina pierde unos USD 25.000 millones anuales por el deterioro vial, la paralización de obras y la ausencia de mantenimiento en infraestructura, sobre un total de 30.000 kilómetros de rutas no concesionadas que dependen casi exclusivamente del Estado nacional. Provincias como Santa Fe y La Pampa también vienen reclamando en paralelo por el abandono de sus corredores nacionales, con datos alarmantes: en Santa Fe, más del 53% de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales están en estado «malo», y solo entre enero y abril de 2026 se registraron 34 muertes en siniestros viales sobre esos corredores.
El impacto más allá de la seguridad vial
Además del riesgo para quienes transitan a diario, el deterioro de rutas como la 9/34 también golpea al turismo salteño: la presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Salta, Lía Rivella, ya advirtió que hubo grupos que cancelaron viajes a la provincia debido al mal estado de los accesos, un dato que refuerza el argumento de Outes sobre el impacto económico integral que genera la falta de mantenimiento vial.
Qué puede pasar de acá en más
Con la provincia ya asumiendo con recursos propios obras que históricamente correspondían a la Nación, el reclamo de Outes por los 450 kilómetros de rutas destruidas deja planteado un interrogante de fondo sobre la sostenibilidad de ese esquema en el mediano plazo. La discusión sobre quién debe garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial estratégica del norte argentino promete seguir marcando la agenda política entre Salta y la Casa Rosada en los próximos meses.
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