Lo que ocurre en Vaqueros parece extraído de una novela de realismo mágico, aunque sus protagonistas son bien reales. Daniel Moreno dejó la intendencia para asumir una banca en el Senado provincial, dos años antes de concluir su mandato. En su reemplazo asumió el entonces presidente del Concejo Deliberante, Daniel Viveros, referente del Partido Felicidad y crítico histórico de las prácticas de la dirigencia tradicional.
Tres meses después de ese recambio institucional, el escenario político local volvió a tensarse. Sectores vinculados a la vieja estructura de poder buscan desplazar a Viveros. Dirigentes y conocedores de la dinámica municipal aseguran que detrás de los movimientos estaría el propio Moreno, en acuerdo con referentes históricos de la política departamental —entre ellos ex senadores y legisladores en funciones— decididos a recuperar influencia en el Ejecutivo.
El punto de quiebre fue la sesión ordinaria del 1 de marzo, cuando los concejales eligieron nuevas autoridades del cuerpo y designaron a la edil Andrea Salvatierra como presidenta. En ese mismo acto, la proclamaron intendenta interina hasta que se resuelva formalmente la conducción del municipio.
Para un sector de vecinos, la maniobra constituye un intento de “golpe institucional” impulsado por los mismos actores de siempre. Según trascendió, el lunes por la mañana Viveros convocó a Salvatierra a una reunión en la que le informó que, ante los hechos ocurridos, se realizó una presentación judicial para que sea la Justicia quien dirima el conflicto. Además, la instó a garantizar el funcionamiento normal tanto del Concejo Deliberante como del Ejecutivo municipal.
La respuesta, según fuentes locales, fue tensa: Salvatierra habría dado un ultimátum de 24 horas para que Viveros deje el cargo y advirtió que, de no hacerlo, avanzaría con la toma de las instalaciones municipales.
El conflicto se agrava por las denuncias que pesan sobre la concejal. Vecinos, organizaciones y algunos ediles señalaron públicamente que Salvatierra habría percibido de manera simultánea un sueldo provincial y otro municipal, situación que motivó cuestionamientos en el recinto y en redes sociales. Sin embargo, hoy esos mismos sectores dentro del Concejo la respaldan como jefa comunal interina.
En paralelo, el abogado Sebastián Aguirre Astigueta habría presentado una denuncia para que la Justicia investigue la presunta doble percepción de haberes, un tema que en Vaqueros ya dejó de ser comentario de pasillo para convertirse en eje central de la disputa política.
Así, el pequeño municipio atraviesa una crisis institucional que expone las fracturas internas del poder local y abre un interrogante sobre quién ejercerá finalmente la conducción del Ejecutivo.
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