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Polémica en EE.UU: negarán la visa a quienes padezcan obesidad

Expertos alertan que la decisión podría aumentar los costos públicos y abrir la puerta a criterios más laxos en materia sanitaria.

El Gobierno de Estados Unidos desactivó la directiva que permitía considerar la obesidad y otras condiciones médicas como factores de inelegibilidad para la obtención de visas. La medida, implementada durante la administración de Donald Trump, había buscado limitar el ingreso de personas con enfermedades que pudieran representar un gasto sostenido para el sistema de salud pública, pero su eliminación ya genera una fuerte controversia.

Según la nueva disposición, los funcionarios consulares no podrán tener en cuenta condiciones como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o la apnea del sueño al evaluar solicitudes de visa o residencia permanente. El Departamento de Estado sostiene que esta modificación promueve una política migratoria más “justa e inclusiva”.

Sin embargo, críticos advierten que la supresión de estos criterios podría sobrecargar el sistema médico y social, al eliminar herramientas de control sobre solicitantes con afecciones que requieren tratamientos crónicos o medicación de por vida.

“Es un paso atrás en materia de sostenibilidad. La política anterior permitía prevenir casos en los que el Estado terminaba asumiendo costos millonarios en atención médica”, afirmó un exasesor del Departamento de Seguridad Nacional.

Durante la gestión de Trump, los consulados tenían la facultad de evaluar si el estado de salud del solicitante podía derivar en gastos futuros para el país. Aunque la regla fue criticada por algunos como discriminatoria, también se la consideraba una forma de proteger al contribuyente estadounidense y asegurar que los inmigrantes fuesen autosuficientes.

Ahora, la nueva guía elimina ese filtro, dejando a los funcionarios sin margen para evaluar los riesgos financieros asociados a determinadas condiciones médicas. Organizaciones de política migratoria advierten que la falta de criterios sanitarios podría derivar en decisiones arbitrarias o en un incremento de solicitudes que el sistema no podrá absorber.

También preocupa la eliminación de la evaluación económica paralela, ya que muchos solicitantes con enfermedades crónicas carecen de los recursos suficientes para cubrir tratamientos a largo plazo sin recurrir a servicios públicos.

“Estados Unidos podría enfrentar un aumento en la demanda de atención gratuita y subsidios, lo que impactará directamente en los recursos destinados a la población local”, advirtieron desde la Asociación de Contribuyentes Americanos.

La medida, presentada como un avance humanitario, divide aguas entre defensores de los derechos migratorios y quienes temen un efecto negativo sobre la economía y la salud pública. Para muchos analistas, más que un gesto de inclusión, podría convertirse en una decisión costosa y políticamente explosiva.

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