Un grupo de legisladores provinciales presentó un proyecto para modificar la Ley 7.838, que regula el destino de los bienes secuestrados en causas judiciales, con el objetivo de reducir los plazos para que los vehículos incautados en investigaciones por delitos complejos puedan ser asignados al Estado y utilizados en tareas de seguridad, salud e investigación.
La iniciativa propone agilizar el procedimiento administrativo y judicial para evitar que los rodados permanezcan durante años abandonados en depósitos, playas de secuestro o predios policiales, perdiendo valor con el paso del tiempo y generando costos de mantenimiento para el Estado.
El diputado por Anta, Juan Pablo Cuéllar, uno de los impulsores del proyecto, explicó los alcances de la propuesta durante una entrevista en el programa Hora de Voces, por FM Ya 91.3. Según detalló, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos departamentos del interior provincial y busca optimizar el uso de bienes que hoy permanecen inmovilizados mientras avanzan los procesos judiciales.
Actualmente, la Ley 7.838 establece un plazo de hasta dos años para que los bienes secuestrados puedan ser asignados a organismos estatales. La reforma pretende acortar esos tiempos para que los vehículos utilizados por organizaciones criminales puedan ponerse al servicio del Estado con mayor rapidez, siempre respetando las garantías del proceso judicial y la normativa vigente.
Cuéllar sostuvo que la modificación permitiría reforzar el equipamiento de distintas áreas que muchas veces enfrentan limitaciones de recursos, como las fuerzas de seguridad, organismos de investigación y dependencias de salud pública. En ese sentido, señaló que numerosos vehículos permanecen durante largos períodos en depósitos, deteriorándose sin cumplir ninguna función.
«Hoy vemos comisarías y predios convertidos en verdaderos cementerios de vehículos. Lo que fueron herramientas para cometer delitos pueden transformarse en recursos para prevenirlos», expresó el legislador.
Los autores del proyecto consideran que la reforma permitiría mejorar el aprovechamiento de los bienes decomisados, reducir el deterioro del patrimonio secuestrado y brindar nuevas herramientas al Estado para fortalecer su capacidad operativa frente al delito organizado.
De avanzar en la Legislatura, la modificación de la Ley 7.838 podría acelerar la incorporación de vehículos a distintas reparticiones públicas, evitando que permanezcan durante años inmovilizados mientras esperan una resolución definitiva sobre su destino.
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