La oposición en el Concejo Deliberante cuestionó la contratación de personal no permanente radicado fuera de la ciudad, entre ellos la periodista María del Rosario Mendieta Ulivarri. Reclaman al intendente Franco Hernández Berni que informe funciones, horarios y condiciones de esos contratos.
Un reclamo que crece dentro del Concejo Deliberante
La oposición en el Concejo Deliberante de Tartagal profundizó su ofensiva contra una serie de designaciones municipales que consideran, como mínimo, poco claras. El cuestionamiento central apunta a la incorporación de personas radicadas en Salta Capital como personal no permanente de la Municipalidad, sin que esté acreditado públicamente qué tareas concretas realizan para la comuna.
Los ediles solicitaron formalmente al Poder Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Franco Hernández Berni, que informe con precisión las funciones, horarios, tareas asignadas y condiciones de contratación de este personal.
El caso de la periodista Mendieta Ulivarri
Uno de los nombres que más repercusión generó dentro del pedido de informes es el de María del Rosario Mendieta Ulivarri, comunicadora y periodista que se desempeña en Cadena Máxima y conduce el programa «Muteado» en Salta Capital. Según la documentación municipal, Mendieta Ulivarri fue designada formalmente como parte del Personal No Permanente de la Municipalidad de Tartagal, bajo el número de orden 198, condición por la cual percibe haberes mensuales junto con los correspondientes aportes previsionales y de obra social.
El dato que más controversia generó es el domicilio declarado: según la documentación oficial de las designaciones, Mendieta Ulivarri reside en Salta Capital, a más de 300 kilómetros de distancia de Tartagal, donde además ejerce activamente su actividad periodística en medios de comunicación locales de la capital provincial.
Qué piden los concejales
El reclamo formal de los ediles opositores apunta a que el Ejecutivo municipal aporte documentación que permita determinar con claridad qué trabajo efectivo realiza Mendieta Ulivarri para la comuna y de qué manera se controla el cumplimiento de esas tareas, en un contexto donde varios de los contratos cuestionados corresponden a personas con perfiles vinculados a la comunicación y la gestión política.
La ex concejal Silvia Zabala, una de las voces más críticas del oficialismo municipal, denunció que el municipio viene contratando a personas vinculadas con «la cuestión política, como manejo de crisis», utilizando fondos provenientes de los impuestos de los contribuyentes locales, sin que ese gasto se traduzca en un beneficio concreto para Tartagal.
Cuándo y dónde ocurrió
El pedido de informes en torno al caso de Mendieta Ulivarri se enmarca en la Resolución municipal 26.979/2024, y se suma a otros expedientes presentados en las últimas semanas por distintos concejales opositores, en el marco de la actividad legislativa del Concejo Deliberante de Tartagal durante 2026.
Antecedentes: un patrón de designaciones cuestionadas
El caso de Mendieta Ulivarri no es un hecho aislado. En los últimos meses, distintos medios locales relevaron una serie de contrataciones de exfuncionarios y periodistas por parte de la gestión de Hernández Berni, entre ellas la de otro contratado, identificado en una resolución distinta, también con domicilio fuera de Tartagal. Una resolución municipal reciente, la N.º 27.767/2026, aprobó además contratos para ocho personas bajo categorías como «consultor político, estratega y especialista en manejo de crisis», «creador de contenido», «diseñador web» y «periodista y comunicador deportivo», lo que alimentó las sospechas de la oposición sobre un uso discrecional de los fondos municipales para sostener estructuras de comunicación y asesoramiento político.
Contexto político
El conflicto se da en medio de una tensión creciente entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal de Tartagal. Según denunció la propia oposición, buena parte de los pedidos de informes presentados y aprobados por el cuerpo legislativo no reciben respuesta por parte de la intendencia, lo que profundiza el reclamo por mayor transparencia en el manejo de los recursos municipales.
Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete municipal, Ignacio Benítez Ocampo, reconoció públicamente que existen «otros casos similares» dentro de la administración municipal, aunque sin brindar mayores precisiones sobre la totalidad de los contratos cuestionados.
Declaraciones relevantes
La concejala Margarita Rauch, otra de las ediles que impulsó los pedidos de informes, remarcó además la preocupación por el contraste entre este tipo de designaciones y la situación de otros trabajadores municipales: «Queremos una reunión con los gremios para conocer su mirada cuando ven que alguien espera años», señaló, en referencia a la comparación entre las condiciones laborales de los empleados de planta y este tipo de contrataciones no permanentes.
Impacto institucional
El caso reabre el debate sobre los mecanismos de control que tiene el Concejo Deliberante sobre las decisiones del Ejecutivo municipal, particularmente en lo referido a la contratación de personal no permanente, una figura que en distintos municipios del país suele utilizarse para sortear los controles más estrictos que rigen sobre el personal de planta permanente.
Consecuencias y posibles escenarios
De no obtener respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo municipal, es probable que la oposición en el Concejo Deliberante avance con nuevos pedidos de informes o incluso con instancias de control más formales, en un contexto donde el reclamo por transparencia en el uso de los fondos públicos municipales viene ganando terreno en la agenda política local.
El escenario que queda abierto
El caso de Mendieta Ulivarri y las demás designaciones cuestionadas dejan planteado un interrogante que excede lo anecdótico: hasta qué punto los municipios utilizan figuras de contratación flexible para sostener estructuras de comunicación y asesoramiento político con fondos públicos, y qué controles reales existen para garantizar que ese gasto se traduzca en un beneficio genuino para los vecinos de cada localidad. La respuesta, por ahora, sigue pendiente del lado del Ejecutivo municipal de Tartagal.
Deja una respuesta