La firma Guido Mogetta S.A., señalada como la contratista predilecta del gobernador catamarqueño, ganó la concesión por 20 años del Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones. Fuentes consultadas por LPO sostienen que la adjudicación funcionó como parte de una negociación política con el Gobierno nacional.
Una adjudicación que generó ruido en Catamarca
Hizo ruido en Catamarca la entrega de la concesión por 20 años de buena parte de la autopista Rosario-Córdoba a la unión de empresas integrada por Guido Mogetta S.A., empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública catamarqueña y que es sindicada como la «preferida» del gobernador Raúl Jalil.
El vínculo familiar detrás de la empresa
La empresa de la familia del exsecretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta, se quedó con los peajes del Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones promovida por el ministro Luis Caputo. Son 682 kilómetros que incluyen la autopista Rosario-Córdoba (Ruta Nacional 9) y además tramos de las rutas nacionales 19 y 34.
Cómo se compone el consorcio ganador
La concesión fue otorgada a una unión transitoria de empresas integrada por AFEMA S.A. (constructora vial cordobesa fundada por la familia Maggiora), Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A. Esta última firma presentó, dentro del consorcio, la oferta económica más baja del proceso licitatorio: una tarifa de referencia de $1.399 más IVA por peaje, muy por debajo de otras ofertas que llegaron a superar los $2.500.
El detalle del corredor concesionado
El denominado Tramo Centro tiene una extensión de casi 682 kilómetros e incluye la autopista Rosario-Córdoba, un sector de la Ruta Nacional 19 desde Santo Tomé hasta el límite con Córdoba, y un tramo de la Ruta Nacional 34. La concesión, con un plazo de 20 años y posibilidad de extenderse a 30, contempla la instalación de nuevas estaciones de peaje, entre ellas en Carcarañá, James Craik, Leones, Franck, Frontera y Totoras. Según el nuevo esquema, la inversión estatal será nula: el concesionario privado deberá invertir por su cuenta y recuperar esos fondos a través del cobro de peajes.
La denuncia de un pacto político
Según pudo reconstruir LPO, fuentes vinculadas a las licitaciones señalaron que esta concesión vial habría funcionado como moneda de cambio dentro de una negociación política más amplia entre el gobernador Raúl Jalil y el Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de asegurar el respaldo legislativo de los representantes catamarqueños a las reformas impulsadas por el oficialismo en el Congreso. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien promovió la entrega del Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones.
Una empresa con peso propio en Catamarca
Guido Mogetta S.A. no es una constructora cualquiera dentro del mapa de la obra pública provincial: según se remarca, la firma tiene un dominio prácticamente absoluto de las licitaciones de obra pública en Catamarca, y su vínculo con la gestión de Jalil viene de larga data, en un esquema donde la empresa suele resultar adjudicataria recurrente de contratos estatales en la provincia.
El trasfondo de la Red Federal de Concesiones
La licitación de este corredor formó parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un proceso mediante el cual el Gobierno nacional volvió a concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales divididas en ocho tramos, bajo un esquema de peaje sin subsidios estatales, en el que el contrato se adjudica a quien ofrece la menor tarifa por kilómetro.
Un antecedente de fuerte impacto regional
La adjudicación generó fuerte impacto en las provincias de Córdoba y Santa Fe, dado que el corredor conecta a Rosario con la capital cordobesa a través de uno de los ejes viales más transitados del centro del país, tanto para el tránsito de pasajeros como para el transporte de cargas vinculado a las principales economías regionales de ambas provincias.
Qué escenario queda planteado
Con la concesión ya adjudicada formalmente y las versiones sobre un acuerdo político de fondo circulando con fuerza, la discusión sobre la transparencia del proceso licitatorio y el peso de los vínculos entre gobernadores aliados y empresas contratistas vuelve a instalarse en la agenda pública. El caso se suma a una serie de episodios recientes que exponen la intersección entre negociaciones legislativas y adjudicaciones de obra pública en el actual esquema de gobierno, en un contexto donde el respaldo de los gobernadores provinciales resulta cada vez más determinante para la agenda del Ejecutivo nacional en el Congreso.
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