La Cámara baja salteña avanzó con la creación de un registro obligatorio para acopiadores y comercializadores de cobre, bronce y aluminio, pensado para combatir el robo de cables y materiales estratégicos. El bloque libertario fue el único en rechazar la iniciativa.
Un paso clave contra el robo de materiales estratégicos
La Cámara de Diputados de Salta retomó el debate legislativo tras el receso invernal y dio media sanción a un proyecto que busca controlar de manera estricta la comercialización de metales no ferrosos, en un intento por combatir el creciente delito de sustracción de cables, medidores y otros elementos de infraestructura pública y privada.
En qué consiste el nuevo registro
La iniciativa prevé la creación del Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, que exigirá la inscripción obligatoria de todas las personas humanas o jurídicas dedicadas a la compra, venta, acopio o transformación de cobre, bronce, aluminio, plomo, níquel, estaño y sus distintas aleaciones. Quienes se registren deberán además mantener actualizados de manera permanente sus datos personales y comerciales, así como acreditar el origen lícito de los materiales que comercialicen. Quedan exceptuados de esta normativa los yacimientos minerales no ferrosos y los productores primarios de esos minerales.
El objetivo declarado de la norma
Durante el debate, los legisladores que impulsaron el proyecto remarcaron que la herramienta apunta a cerrar el circuito comercial que permite convertir en dinero materiales obtenidos mediante hechos delictivos, en particular el robo de cables de electricidad, medidores de servicios públicos, porteros eléctricos y placas de bronce, un delito que además de generar pérdidas económicas representa riesgos concretos de electrocución y quemaduras para quienes lo cometen.
Uno de los legisladores fue contundente al fundamentar la iniciativa: «Acá el problema no es el ladrón, es el tipo que lo compra. Así le vamos a allanar el camino a la Justicia y poder identificar de dónde salen los materiales». Y agregó que la norma también busca proteger a «quienes vienen a invertir y brindar fuentes laborales en la provincia», en referencia al impacto que el robo de infraestructura genera sobre la actividad productiva y comercial.
El rechazo aislado de La Libertad Avanza
Pese al amplio respaldo que permitió la aprobación del proyecto, la iniciativa contó con la negativa exclusiva del bloque de La Libertad Avanza, que quedó como la única fuerza política en votar en contra. Esa postura generó fuertes cuestionamientos durante el debate parlamentario, con acusaciones directas de legisladores oficialistas y aliados que sostuvieron que el rechazo libertario favorece, en los hechos, la continuidad del circuito clandestino que sostiene el robo de bienes públicos y privados.
Entre las frases que circularon durante la sesión, una resumió el tono del reclamo hacia la bancada libertaria: «Con ese voto le están dando vía libre a las mafias del cobre robado».
El argumento libertario rechazado por la mayoría
Desde la mayoría legislativa remarcaron que el argumento esgrimido por los diputados de LLA, centrado en el rechazo a lo que consideran «más Estado» y «más burocracia», no resulta atendible frente a la magnitud del problema que busca resolver la norma. Sostuvieron que exigir registros, trazabilidad y comprobantes de origen constituye una condición mínima e indispensable para impedir que el cobre y el bronce robados ingresen al circuito legal de comercialización, y remarcaron que sin ese tipo de controles el delito continuará teniendo una salida comercial garantizada.
Un antecedente en distintas provincias del país
La sanción de este tipo de normativas no es un fenómeno aislado de Salta. En los últimos meses, provincias como Córdoba, San Luis y Entre Ríos avanzaron con leyes similares para regular la actividad vinculada a los metales no ferrosos, en todos los casos con el objetivo de dificultar la reventa de materiales sustraídos de la vía pública o de instalaciones de servicios esenciales. En el caso de Córdoba, la ley fue aprobada por unanimidad, mientras que en Entre Ríos también contó con el respaldo total de la Legislatura.
La autora del proyecto en Salta
La iniciativa salteña fue impulsada por la diputada provincial Laura Cartuccia, quien ya había insistido en ocasiones anteriores con este tipo de regulación. Según explicó la propia legisladora, contar con un sistema de trazabilidad permitirá dificultar la venta de materiales obtenidos de manera ilegal y brindará mejores herramientas de control al Estado provincial para combatir este tipo de delitos.
Qué falta para que se convierta en ley
Con la media sanción ya obtenida en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá continuar su trámite en el Senado provincial para convertirse definitivamente en ley. De aprobarse en esa instancia, Salta se sumaría a la lista de provincias que ya cuentan con un marco normativo específico para controlar la comercialización de metales no ferrosos y combatir el robo de cables e infraestructura pública.
Un debate que expone diferencias de fondo
Más allá del resultado legislativo, la votación dejó expuesta una diferencia de enfoque entre el bloque libertario y el resto del arco político salteño respecto del rol que debe cumplir el Estado en la regulación de actividades comerciales vinculadas a la seguridad pública. Mientras la mayoría de los legisladores defendió la necesidad de intervención estatal para cerrar el circuito ilegal del robo de metales, La Libertad Avanza sostuvo su tradicional oposición a cualquier ampliación de registros y controles administrativos, incluso en un caso donde la propia oposición reconoció el objetivo de combatir un delito con impacto directo sobre los servicios públicos y la seguridad de los vecinos.
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