Tres diputados nacionales por Jujuy —Manuel Quintar, Bárbara Andreussi y Alfredo González— presentaron un pedido de acceso a la información pública para conocer detalles sobre la compra, el uso y el destino de las aeronaves oficiales del Gobierno provincial. La iniciativa surge ante lo que califican como una falta de transparencia en el manejo de recursos estatales vinculados a la flota aérea.
El requerimiento apunta a obtener datos precisos sobre la cantidad de aviones disponibles, las rutas realizadas, los pasajeros transportados, la tripulación, los costos operativos y el valor real de adquisición de cada unidad. En paralelo, legisladores provinciales de La Libertad Avanza adelantaron que impulsarán un planteo similar en la Legislatura jujeña.
En declaraciones a Radio 2, el diputado Manuel Quintar manifestó su preocupación por la reciente compra de una aeronave que, según trascendidos, habría costado 14 millones de dólares, pese a que su valor de mercado rondaría los 11 millones. Además, cuestionó la utilización de un intermediario en la operación. “Queremos saber cuántos aviones tiene la provincia, para qué se usan y cuánto se pagó por cada uno. Los jujeños merecen explicaciones claras”, sostuvo.
Quintar también señaló que las aeronaves no cumplirían funciones sanitarias ni de seguridad, sino que serían aviones ejecutivos, y cuestionó la necesidad de sumar una tercera unidad cuando ya existirían otras dos modernas dentro de la flota provincial.
El legislador mencionó además denuncias y versiones sobre presuntos usos particulares de los aviones oficiales, traslados durante la campaña electoral de 2023 e incluso el transporte de bienes privados. Por ese motivo, indicó que recurrieron directamente a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para solicitar información técnica. Asimismo, confirmó que este viernes presentarán un pedido formal de audiencia con el gobernador Carlos Sadir, invitando a participar a legisladores nacionales de distintos espacios políticos.
El planteo se suma a reclamos previos realizados por la diputada provincial María Eugenia Tomé, quien había cuestionado respuestas consideradas incompletas por parte del Ente Autárquico Permanente (EAP) ante pedidos de información financiera. Según Quintar, si continúan las demoras o faltas de respuesta, podrían avanzar con una acción judicial amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Gobernar es rendir cuentas. Lo que buscamos es claridad sobre el uso de los fondos públicos”, concluyó el diputado.
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