A través de un decreto publicado este martes, el Poder Ejecutivo incluyó el nuevo Régimen Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias. Bajo la consigna «delito de adulto, pena de adulto», la gestión libertaria busca reemplazar la ley vigente desde la última dictadura.
El presidente Javier Milei dio un paso decisivo en su agenda de seguridad al oficializar, mediante el Decreto 53/2026, la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el próximo 2 de febrero. El punto central de esta convocatoria es el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, con la que el oficialismo pretende bajar la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 13 años.
La medida formaliza el anuncio que el mandatario realizó horas antes durante una recorrida por Mar del Plata. «En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto», sentenció Milei, reforzando una de las promesas de campaña que más resuena en su base electoral ante la demanda social por los recientes hechos de inseguridad.
Un debate con antecedentes y tensiones
El proyecto, impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia —encabezados por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona—, no es nuevo en los pasillos del Congreso. Durante 2024 y 2025, la iniciativa fue debatida en comisiones, donde se había alcanzado un dictamen de consenso para fijar la edad en 14 años. Sin embargo, aquel despacho venció sin llegar al recinto.
Ahora, la «mesa política» de La Libertad Avanza ha decidido redoblar la apuesta. Según fuentes de la Casa Rosada, la instrucción es insistir con el piso de los 13 años. «La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir», expresó Patricia Bullrich a través de sus redes sociales, desafiando a la oposición a definir de qué «lado» están.
Los argumentos en pugna
Desde el oficialismo, el argumento central radica en la modernización de un sistema que consideran «anacrónico» y que permite que menores involucrados en delitos graves, como homicidios o robos a mano armada, queden en libertad casi de inmediato. Mencionan casos conmocionantes, como el asesinato de Jeremías Monzón o el de la niña Kim Gómez en 2025, donde participaron adolescentes no punibles.
Por otro lado, la oposición y diversos organismos de derechos humanos ya han manifestado su rechazo. Desde el bloque de Unión por la Patria y la izquierda sostienen que la medida es «inconstitucional» y que «estigmatiza a la juventud de los barrios populares». Argumentan que la participación de menores en el total de delitos es estadística mente baja (menor al 2%) y que la solución debería pasar por políticas de inclusión y no por el sistema carcelario.
El camino legislativo
A partir de febrero, el Congreso se convertirá en el escenario de una batalla política de alta intensidad. Aunque el Gobierno confía en el apoyo de sus aliados del PRO y sectores del radicalismo, no se descarta que deban negociar nuevamente el piso de los 14 años para asegurar la aprobación en ambas cámaras.
El proyecto también prevé la creación de establecimientos especializados para el cumplimiento de las penas, evitando que los menores compartan espacios con adultos, un punto que requerirá una asignación presupuestaria que también será objeto de discusión.
Con esta movida, Milei busca anotarse un triunfo político en una materia sensible, marcando el inicio del año legislativo con un tema que divide aguas pero que, según las encuestas que maneja el Ejecutivo, cuenta con un amplio respaldo en sectores de la población afectados por la criminalidad urbana.
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