El oficialismo avanza en la Cámara de Diputados con un nuevo proyecto de Presupuesto que propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, además de modificar el esquema de actualización de las asignaciones familiares y la AUH y de restringir el régimen de zonas frías. La iniciativa será tratada este miércoles, luego de que el Gobierno lograra dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El despacho reunió 28 firmas sobre un total de 46, aunque seis fueron en disidencia, lo que anticipa un escenario de negociaciones abiertas. El dictamen fue respaldado por bloques aliados como el PRO, la UCR y el MID, además de legisladores que responden a gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
A días de cumplir su tercer año de gestión, el Ejecutivo busca aprobar su primer presupuesto. El texto introduce cambios de alto impacto político y social: elimina el ajuste automático de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, otorgando mayor discrecionalidad al Gobierno en su actualización, y limita los alcances del régimen de subsidios al gas en zonas frías.
La iniciativa también reabre el conflicto con la oposición al incluir la derogación de dos leyes que ya habían sido sancionadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo y luego ratificadas por ambas cámaras. La decisión fue denunciada por bloques opositores, que advirtieron que los cambios se incorporaron a último momento y solo fueron comunicados a los aliados del oficialismo.
En paralelo, el Gobierno intenta avanzar con un paquete más amplio que incluye la llamada ley de “disciplina fiscal”, destinada a blindar el déficit cero, y un nuevo régimen de blanqueo de capitales bajo el nombre de “inocencia fiscal”. La estrategia generó un fuerte rechazo sindical y social: la CGT convocó a movilizar contra lo que considera un desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
Desde la oposición cuestionan que el proyecto no contemple partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, reactivar la obra pública ni impulsar la actividad económica. También advierten que las proyecciones macroeconómicas —crecimiento del 5%, inflación del 10,1% y un dólar a $1.423 para fines de 2026— resultan difíciles de cumplir.
En ese marco, distintos bloques anticiparon que buscarán modificar el articulado en el recinto, especialmente los puntos vinculados a educación, discapacidad y políticas sociales, en una sesión que promete ser una de las más tensas del año en el Congreso.
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