Mañana, el Senado provincial debatirá el DNU que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y autoridades municipales. La iniciativa fue presentada por el gobernador Gustavo Sáenz, quien incluso se realizó una rinoscopía en vivo al anunciar el proyecto.
La Cámara Alta avanzará así en el tratamiento de una medida que busca garantizar la aptitud de quienes ejercen cargos públicos. En ese marco, el senador provincial por San Martín, Manuel Pailler, respaldó la propuesta en declaraciones a InformateSalta y explicó los alcances del mecanismo de control.
“No se salva nadie”
Pailler consideró que la iniciativa “es correcta” y subrayó que apunta a asegurar que los funcionarios no presenten problemas vinculados al consumo de sustancias que puedan afectar su salud mental o su desempeño.
“El objetivo es velar para que toda persona que sea funcionario público esté en condiciones de ejercer su función”, afirmó.
El DNU alcanza a integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también se extiende a funcionarios municipales. Según explicó el senador, la aplicación será general: “No se salva nadie”, remarcó, al recordar que el propio gobernador fue el primero en someterse al control.
Cómo será el procedimiento
El legislador detalló que el mecanismo contempla distintas etapas:
- Examen inicial: incluye una rinoscopía para detectar posibles lesiones en la mucosa nasal asociadas al consumo de sustancias por vía inhalatoria.
- Estudio confirmatorio: ante una sospecha, se realizará un análisis de sangre en laboratorios estatales habilitados.
- Contraprueba: en caso de resultado positivo, el funcionario podrá solicitar una verificación dentro de las 24 horas en un laboratorio autorizado.
Pailler destacó que los análisis deberán realizarse bajo protocolos establecidos y en laboratorios habilitados por los organismos profesionales correspondientes, lo que —aseguró— garantiza la confiabilidad de los resultados.
Por último, explicó que el DNU no puede ser modificado por la Legislatura: “Se aprueba tal como está o se rechaza”. No obstante, señaló que, de ser convalidado, será necesaria una reglamentación posterior para su implementación efectiva.
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