El padre del intendente de La Merced, Javier Wayar, habría acercado la propuesta a los abogados de la familia del niño de 5 años que murió atropellado en abril. La Fiscalía ya formalizó el pedido de elevación a juicio contra el chofer, empleado municipal y allegado al jefe comunal.
Un nuevo capítulo en una causa que conmociona a Salta
Un giro sumamente doloroso sacude la causa judicial por la muerte de Tomás Alancay, el niño de 5 años que perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta en La Merced. En las últimas horas, la familia de la víctima reveló la propuesta que recibieron en medio de su reclamo de justicia: el padre del intendente de la localidad, Javier Wayar, se habría presentado ante los abogados querellantes para ofrecer una vivienda en La Silleta y la misma camioneta involucrada en el hecho a cambio de un acuerdo.
El relato del padre del niño
«Llorando dijo que su hijo no tenía plata y que ofrecía una vivienda y el auto con el que atropellaron a mi hijo», relató Pablo Arias, padre del pequeño Tomás, sobre el encuentro que sus propios abogados mantuvieron con el padre de Wayar. Según su testimonio, los letrados no quisieron continuar escuchando la propuesta y le pidieron que se retirara.
El rechazo de la familia
La familia rechazó de inmediato la oferta y ratificó que continuará con la querella hasta las últimas consecuencias. Arias también cuestionó duramente al jefe municipal por la falta de acompañamiento tras la tragedia: «Nunca se acercó y nunca dio la cara», sostuvo, y agregó una crítica más amplia sobre la gestión municipal.
Cómo ocurrió el hecho
El siniestro se produjo la noche del 5 de abril de este año, cuando una mujer cruzaba la avenida Hipólito Yrigoyen de La Merced junto a su hijo, que circulaba en bicicleta, por la senda peatonal. Ambos fueron embestidos por una camioneta Ford Ranger. El pequeño sufrió gravísimas lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde falleció horas después. Su madre también resultó herida.
El vínculo del conductor con el intendente
El conductor del vehículo, José Miguel Plaza, acreditó durante el proceso judicial su vínculo laboral con la Municipalidad de La Merced y manifestó que residía en el mismo domicilio que Wayar. Además, trascendió que la camioneta involucrada en el siniestro estaba asignada al propio jefe comunal y pertenecería a la Municipalidad. Según se supo durante la investigación, Plaza conducía sin habilitación y a una velocidad muy superior a la permitida en el momento del hecho.
El estado actual de la causa penal
La Fiscalía formalizó el pedido de elevación a juicio contra Plaza, imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas, en perjuicio tanto del niño como de su madre. El conductor permanece con prisión preventiva desde la audiencia inicial, luego de que se rechazara un pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa.
Otras denuncias sobre movimientos patrimoniales
El caso ya había sumado semanas atrás otro capítulo: el propio Arias había denunciado públicamente que Wayar realizó movimientos patrimoniales pocos días después de la muerte de Tomás, incluidas donaciones de bienes que, según su versión, fueron frenadas parcialmente por intervención judicial. Según relevamientos patrimoniales difundidos por la prensa local, uno de los inmuebles que antes figuraba a nombre del intendente ya no forma parte de su patrimonio registrado, mientras que la camioneta involucrada en el siniestro permanece secuestrada por orden judicial.
Una gestión municipal bajo la lupa
Para la familia de Tomás, la actitud del intendente frente a la tragedia refleja un patrón más amplio de desatención hacia la comunidad. Arias fue categórico al remarcar su decepción con la gestión local, en un pueblo que, según sus propias palabras, atraviesa un fuerte deterioro cotidiano.
Un caso que sigue generando indignación social
La sucesión de episodios en torno a esta causa —desde el vínculo directo del conductor con el intendente hasta la reciente oferta de una vivienda y el propio vehículo del siniestro— mantiene en vilo a la comunidad de La Merced y del Valle de Lerma, que desde abril sigue de cerca cada novedad judicial vinculada a la muerte del niño.
Qué puede pasar de acá en más
Con el pedido de elevación a juicio ya formalizado por la Fiscalía, la causa penal contra José Miguel Plaza avanza hacia una nueva etapa procesal. En paralelo, la familia de Tomás Alancay deberá definir los próximos pasos de la demanda civil contra el intendente Wayar, en un expediente que combina el reclamo de justicia penal con las denuncias sobre movimientos patrimoniales y la controvertida oferta que, según sostienen, buscó frenar la causa antes de llegar a juicio.
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