Un operativo policial dejó al menos diez heridos por perdigones de goma, siete detenidos y tres viviendas destruidas. La comunidad denuncia que se llevaron a niños sin autorización de sus familias. El hecho se da en medio del debate nacional por la ley que endurece el régimen de desalojos.
Un violento operativo en la Puna jujeña
Un violento operativo de desalojo ejecutado este lunes en la comunidad originaria de Santa Rosa, en Humahuaca, provincia de Jujuy, dejó un saldo de al menos diez personas heridas con perdigones de goma, tres viviendas totalmente destruidas por maquinaria pesada y una profunda incertidumbre sobre el paradero de menores de edad que fueron retirados del lugar durante el procedimiento.
El origen judicial del desalojo
La orden de desalojo fue firmada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón. Según denuncian las familias de la comunidad, la medida judicial no habría considerado sus derechos como pueblo indígena. También responsabilizan a la jueza de Paz, Fabiola Salas, por no respetar sus derechos colectivos sobre el territorio.
Un conflicto territorial interno como trasfondo
El conflicto de fondo se enmarca en una disputa territorial entre dos sectores de la misma comunidad por la posesión de una parcela de tierra. Enrique Farfán, presidente de la comunidad de Chocoya, explicó que el litigio estaría vinculado a un error en los planos elaborados por la Dirección de Inmuebles, que habría ubicado incorrectamente en la documentación catastral una vivienda perteneciente a la familia Soruco, integrante de la comunidad. «Inmuebles reconoció que el plano está mal», afirmó Farfán. Desde la conducción actual de la comunidad, en tanto, sostienen que el reclamo de la contraparte se basó en documentación irregular y planos no reconocidos oficialmente.
El testimonio de la represión
Tras presentarse en la fiscalía para ampliar la denuncia penal, el vicecomunero Ángel Mendoza brindó un dramático relato sobre el accionar de las fuerzas de infantería y la policía que irrumpieron en el terreno comunitario: «Entraron tirando balas de goma y gases lacrimógenos. Había menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Tiraron todas las cosas afuera y con una máquina sin patente derrumbaron por completo las tres casas donde vivían tres familias de nuestro pueblo». Según su relato, el enfrentamiento se produjo cuando las familias intentaron frenar el avance de las máquinas en defensa de sus hogares.
El punto más grave: el traslado de menores
Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue el traslado de niños de entre 1, 2, 5 y 7 años, pertenecientes a las familias desalojadas, sin la debida notificación ni autorización de sus progenitores. La diputada provincial del PTS, Natalia Morales, denunció en redes sociales que la policía detuvo al menos a siete personas, incluidas mujeres y niños, aunque estos últimos ya fueron liberados según pudo confirmar la propia legisladora.
Los detenidos y las restricciones de acceso
Pobladores del sector manifestaron a través de registros audiovisuales que el despliegue policial incluyó restricciones de acceso a sus propias viviendas y el bloqueo de paso a integrantes de otras comunidades originarias que acudieron en respaldo de los desalojados.
Repudio político al operativo
El hecho generó repudio en distintos sectores políticos. La diputada nacional Myriam Bregman expresó su rechazo a las acciones policiales a través de sus redes: «Repudiamos la represión y el desalojo de la policía de Sadir a familias de las comunidades originarias de Humahuaca, Jujuy. Mujeres con niños en brazos fueron sacados con mucha violencia. Exigimos la libertad inmediata a todos los detenidos». A nivel provincial, la dirigente Cristina Guzmán también repudió el operativo y exigió explicaciones, anunciando que su equipo intervendrá para verificar las medidas judiciales adoptadas y determinar quién ordenó el despliegue policial.
El reclamo de las familias afectadas
Los damnificados cuestionaron además la validez y la vía institucional de la orden judicial que desencadenó el operativo, señalando la intervención de un Juzgado de Paz que consideran ajeno a la jurisdicción local. También reclamaron la asistencia urgente del municipio de Humahuaca y del Gobierno provincial para brindar contención y techo a las familias que quedaron en la calle tras la destrucción de sus viviendas.
El contexto nacional: el debate por la Ley de Tierras y desalojos
El episodio se da en medio de un clima de alta sensibilidad social en torno a la política de tierras a nivel nacional. Días atrás, el Senado le dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que entre sus puntos incluye un endurecimiento del régimen de desalojos, aunque el oficialismo debió retirar los capítulos sobre extranjerización de tierras y manejo del fuego ante la fuerte resistencia social y de gobernadores aliados. Es importante aclarar que, según toda la información judicial disponible sobre el caso de Humahuaca, el desalojo responde a un conflicto territorial interno previo entre dos sectores de la comunidad y a una orden judicial provincial, sin que trascienda hasta el momento una vinculación directa con la nueva normativa nacional todavía en trámite parlamentario.
Un símbolo para el reclamo social
Pese a esa distinción técnica, el episodio de Humahuaca rápidamente se instaló como un símbolo dentro del reclamo social más amplio contra el endurecimiento de las políticas de desalojo y la discusión sobre la tierra en la Argentina, en un contexto donde organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos vienen advirtiendo sobre el riesgo de que este tipo de episodios se repliquen en otras provincias.
Qué puede pasar de acá en más
Con la denuncia penal ya ampliada por los propios comuneros y el reclamo de intervención dirigido tanto al municipio de Humahuaca como al Gobierno provincial, la resolución del conflicto dependerá de una revisión judicial sobre la validez de la orden de desalojo y de la respuesta que ofrezcan las autoridades jujeñas frente a las denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza y el traslado de menores sin autorización. Mientras tanto, el episodio seguirá alimentando el debate público sobre los límites entre la aplicación de las órdenes judiciales de desalojo y el respeto a los derechos de las comunidades originarias.
Deja una respuesta