La iniciativa fue presentada por el concejal Diego Figueroa (LLA-PRO). El proyecto traslada la responsabilidad a los dueños de los locales, quienes podrían enfrentar multas si no impiden el ingreso de personas en situación de vulnerabilidad o vendedores informales.
La fisonomía de los bares y restaurantes de San Fernando del Valle de Catamarca podría cambiar drásticamente de aprobarse un reciente proyecto de ordenanza. El edil Diego Figueroa, representante del bloque La Libertad Avanza-PRO, ingresó al Concejo Deliberante una propuesta que busca restringir el ingreso de vendedores ambulantes y personas que solicitan limosna a los establecimientos gastronómicos de la capital.
Según el autor de la iniciativa, el objetivo central es garantizar la «tranquilidad y seguridad» de los comensales, además de proteger la actividad económica formal y mejorar la imagen turística de la ciudad. Figueroa argumentó que el consumidor tiene derecho a no ser perturbado durante su permanencia en los locales y que la norma busca establecer un marco de orden que beneficie tanto a propietarios como a clientes.
Responsabilidad empresarial y sanciones
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la carga que impone sobre los comerciantes. De convertirse en norma, serán los propios titulares de los bares y restaurantes quienes tendrán la obligación legal de impedir el acceso o la permanencia de estas personas en sus locales.
El incumplimiento de esta directiva no será gratuito: aquellos propietarios que «permitan o toleren» el desarrollo de estas actividades entre sus mesas podrían enfrentar sanciones legales y multas económicas severas. Esta cláusula ha generado preocupación en el sector, ya que delega en los trabajadores gastronómicos una tarea de control que suele ser compleja de gestionar en el día a día.
Un debate entre el orden y la realidad social
El proyecto no tardó en encender la mecha del debate público en la provincia. En las redes sociales y en los cafés del centro, las opiniones están divididas. Por un lado, un sector de la ciudadanía apoya la medida bajo la premisa de que la insistencia de los pedidos genera incomodidad y afecta la experiencia gastronómica.
Sin embargo, desde diversos sectores sociales y políticos han alzado la voz contra lo que consideran una medida «excluyente». Los críticos sostienen que la ordenanza intenta «esconder» las consecuencias de la crisis económica y el aumento de la pobreza en lugar de abordar las causas estructurales del problema, como la falta de empleo y el trabajo infantil.
Figueroa, por su parte, se defendió de las acusaciones asegurando que no busca «criminalizar la vulnerabilidad», sino simplemente ordenar el espacio donde se desarrolla la actividad comercial privada. Mientras tanto, el proyecto aguarda su tratamiento en comisiones, donde se espera que reciba modificaciones antes de llegar al recinto para su votación definitiva.
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