Joaquín Benegas Lynch, uno de los senadores que impulsaba la aprobación de la reforma que flexibiliza la compra de tierras por extranjeros, es fundador de Glocal Terra SRL, firma dedicada exactamente a esa actividad. La oposición pidió que se abstenga de votar por conflicto de intereses.
Una revelación en plena votación clave
En plena discusión por la reforma que flexibiliza las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, una revelación comenzó a generar ruido dentro del propio oficialismo. Joaquín Benegas Lynch, senador nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos y uno de los dirigentes más cercanos al universo político y familiar de Javier Milei, figura como fundador de una empresa dedicada justamente a asesorar operaciones de compra, venta y administración de campos para inversores extranjeros.
Quién es Benegas Lynch
El senador es hermano del diputado nacional Bertie Benegas Lynch e hijo del economista Alberto Benegas Lynch (h), a quien el propio Milei suele definir públicamente como «el prócer del liberalismo». Según LPO, Joaquín también integra el círculo personal más cercano al Presidente como guitarrista de su banda de rock. Ganó su banca por Entre Ríos en las elecciones legislativas de 2025, y en aquel momento, la propia LLA lo presentó destacando que «llegó a Entre Ríos trabajando en proyectos de inversión agropecuaria para luego fundar Glocal Terra, empresa dedicada al asesoramiento de inversores y administración integral de campos productivos».
La empresa en el centro de la polémica
El senador es fundador de Glocal Terra SRL, sociedad creada en 2020 junto a su esposa, Eloísa Perea Muñoz, con domicilio en la avenida Santa Fe al 700 de la Ciudad de Buenos Aires. Según la propia presentación institucional de la empresa, redactada íntegramente en inglés, Glocal Terra se dedica al asesoramiento de inversores, la administración de establecimientos rurales y la intermediación en operaciones vinculadas a tierras en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.
La firma asegura contar con experiencia en «más de tres millones de hectáreas en transacciones» en la región y ofrece una cartera integrada por campos agrícolas exclusivos, tierras forestales, grandes extensiones de áreas protegidas y fincas de lujo. En el apartado de cotizaciones de su sitio web, la compañía detalla haber «valuado más de 400.000 hectáreas en América Latina», incluyendo tierras agrícolas, ganaderas y forestales, además de destacar su experiencia en la gestión de más de 85.000 hectáreas de terrenos forestales y en el manejo de créditos de carbono en Chile y Argentina.
La gestión de propiedades de extranjeros
Además, la empresa informa que brinda servicios de administración de propiedades pertenecientes a propietarios extranjeros, actuando en su representación y bajo sus instrucciones: supervisa explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elabora informes con observaciones actualizadas para esos clientes residentes fuera del país.
El antecedente con Douglas Tompkins
Antes de fundar Glocal Terra, Benegas Lynch estuvo al frente de Pampa Partners, una firma vinculada al empresario y ambientalista estadounidense Douglas Tompkins, fallecido en 2015, reconocido por adquirir grandes extensiones de territorio en Argentina y Chile para destinarlas a proyectos de conservación ambiental.
Cómo trascendió la información
El dato ya figuraba en la Declaración Jurada Patrimonial que Benegas Lynch presentó ante la Oficina Anticorrupción en febrero de 2026, pero cobró relevancia nacional recién esta semana, en la previa del tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que entre sus puntos centrales busca elevar del 15% al 25% el máximo de superficie que pueden adquirir personas o empresas extranjeras.
El pedido de abstención
Ante la polémica, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio presentó una impugnación formal ante la Presidencia del Senado para que Benegas Lynch se abstenga de intervenir en el tratamiento del proyecto, solicitando su inhabilitación para participar del debate, firmar dictámenes o votar la iniciativa. La legisladora fundamentó su pedido en el artículo 66 de la Constitución Nacional y en distintos apartados de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece que un funcionario con intereses privados en un asunto determinado debe abstenerse de intervenir en las decisiones vinculadas a esa cuestión.
La sesión que finalmente no se realizó
En medio de esta polémica, el oficialismo terminó retirando el proyecto del temario de la sesión de este jueves por no contar con los votos necesarios para su aprobación, lo que dejó la discusión sobre la eventual participación de Benegas Lynch en un futuro tratamiento como una definición todavía pendiente.
Una filosofía empresarial con lenguaje libertario
En la presentación de su propia filosofía corporativa, Glocal Terra destaca ideas que se alinean directamente con el ideario que promueve La Libertad Avanza, incluyendo referencias a la colaboración con la ONG Conin y a la idea de que sus beneficios comerciales pueden contribuir a «vivir en un mundo mejor y más libre».
Un caso que combina interés público y privado
El episodio expone una tensión de fondo que atraviesa buena parte del debate legislativo actual: la posibilidad de que legisladores con intereses económicos directos en un sector determinado participen de la votación de normas que impactan directamente en su propia actividad comercial. La situación de Benegas Lynch, que representaba uno de los votos favorables al proyecto antes de que este fuera retirado del temario, quedó como uno de los ejes más comentados de esta semana en el Senado.
Qué puede pasar de acá en más
Con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada todavía pendiente de un nuevo tratamiento y el pedido de abstención de Di Tullio sin resolución formal hasta el momento, la situación de Benegas Lynch promete seguir generando controversia cuando el Senado retome la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras. La polémica reabre además un debate más amplio sobre los mecanismos de control de conflictos de intereses dentro del propio Congreso de la Nación.
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