Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes durante su primera comparecencia ante un juez federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico presentados por la justicia estadounidense. La audiencia, que se prolongó durante aproximadamente 30 minutos, marcó la primera aparición pública del dirigente chavista desde su traslado a Estados Unidos y concluyó con la fijación de una nueva comparecencia para el próximo 17 de marzo.
“Soy inocente, soy un hombre decente”, afirmó Maduro ante el tribunal, en una breve intervención que captó la atención de la sala. Vestido con ropa de presidiario, ingresó al juzgado acompañado por sus abogados defensores, a quienes saludó estrechando la mano. Llevaba una camisa naranja, una sobrecamisa azul, pantalones beige y zapatillas naranjas, además de auriculares para poder seguir la traducción simultánea de la audiencia.
En el recinto también se encontraba su esposa, Cilia Flores, sentada a pocos asientos de distancia y vestida con indumentaria carcelaria similar. La presencia de Flores, figura clave del chavismo y ex primera dama de Venezuela, no pasó desapercibida entre los asistentes.
Al ingresar el juez a la sala, Maduro se puso de pie y fue requerido para confirmar su identidad. El dirigente respondió afirmativamente, ratificando su nombre ante el tribunal federal. Acto seguido, en sus primeras declaraciones públicas desde su detención, aseguró que continúa siendo el presidente de Venezuela y relató que fue capturado en su residencia de Caracas.
“No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país”, expresó antes de volver a tomar asiento, reiterando una postura que ha sostenido desde que se conocieron las acusaciones en su contra.
La causa judicial forma parte de una investigación más amplia de las autoridades estadounidenses, que acusan a Maduro de liderar una red de narcotráfico internacional. El gobierno venezolano y sectores del chavismo han denunciado reiteradamente que el proceso responde a una persecución política, mientras que Washington sostiene que se trata de un caso estrictamente judicial.
La próxima audiencia, prevista para el 17 de marzo, será clave para definir los pasos siguientes del proceso, en un caso que tiene fuertes repercusiones políticas y diplomáticas tanto en Estados Unidos como en América Latina.
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