La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa uno de los conflictos laborales más importantes de los últimos meses luego de que el Gobierno nacional enviara más de 100 telegramas de despido a trabajadores del organismo. La medida provocó una inmediata reacción de los sindicatos, que realizaron una protesta en la sede central de la institución y denunciaron un fuerte operativo de seguridad para impedir la manifestación frente a las oficinas de las autoridades.
La jornada estuvo marcada por momentos de tensión en el edificio de la CNEA, ubicado sobre la avenida del Libertador al 8200, donde representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación del Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) se concentraron para reclamar la reincorporación de los empleados despedidos.
Según denunciaron los gremios, las oficinas del presidente de la CNEA, Martín Porro, fueron valladas y custodiadas por un cordón de efectivos de Gendarmería Nacional con el objetivo de evitar que los manifestantes llegaran hasta ese sector del edificio.
Los despidos
Los telegramas comenzaron a llegar durante este martes y llevan fecha del 30 de junio. En ellos se informa que la relación laboral finaliza a partir del 1° de julio, dejando sin efecto los contratos de más de un centenar de trabajadores.
De acuerdo con datos aportados por los sindicatos, la CNEA cuenta actualmente con alrededor de 350 trabajadores contratados, por lo que la decisión representa una reducción significativa de esa modalidad de empleo dentro del organismo.
Los representantes gremiales sostienen que las desvinculaciones afectan áreas estratégicas vinculadas a la investigación, el desarrollo tecnológico y el funcionamiento cotidiano de la institución, aunque hasta el momento no se difundió un listado oficial con los sectores alcanzados por la medida.
El reclamo de los sindicatos
Desde ATE y APCNEAN cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno y aseguraron que contradice los compromisos asumidos por las propias autoridades pocas semanas atrás.
Según indicaron, durante el acto realizado el pasado 5 de junio, en conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, las autoridades habían transmitido a los trabajadores que los contratos serían renovados y que cada empleado continuaría desempeñando sus funciones.
Por ese motivo, los gremios calificaron los despidos como una medida «injustificada» y reclamaron la apertura de una instancia de diálogo para revisar la decisión.
Además, denunciaron que el presidente del organismo, Martín Porro, no recibió a los representantes sindicales para discutir la situación. De acuerdo con fuentes gremiales, Porro desarrolló gran parte de su carrera dentro de la propia CNEA, donde trabajó en Dioxitek y posteriormente en el reactor RA-1, dedicado a la producción de radioisótopos utilizados para investigación y aplicaciones científicas.
Un conflicto en medio del impulso al sector nuclear
Los sindicatos también remarcaron la contradicción que, a su entender, existe entre los despidos y la política de promoción internacional de la actividad nuclear argentina.
En ese sentido, recordaron que en marzo funcionarios del organismo participaron de actividades en Nueva York con el objetivo de presentar el potencial del sector nuclear argentino y promover inversiones y proyectos vinculados al desarrollo tecnológico del país.
Para los representantes de los trabajadores, la reducción de personal resulta incompatible con ese discurso y podría afectar la continuidad de proyectos científicos y tecnológicos que dependen de recursos humanos altamente especializados.
Un conflicto abierto
Hasta el momento, las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica no difundieron un comunicado oficial explicando los motivos de las desvinculaciones ni detallaron si los despidos forman parte de un plan de reestructuración más amplio dentro del organismo.
Mientras tanto, los gremios adelantaron que continuarán con las medidas de fuerza y las acciones de protesta en defensa de los puestos de trabajo, al tiempo que exigen la reincorporación de los trabajadores afectados y la apertura de una mesa de negociación con las autoridades.
El conflicto se suma a otros reclamos registrados en distintos organismos públicos en el marco del proceso de reorganización del Estado impulsado por el Gobierno nacional, que durante los últimos meses incluyó revisiones de contratos, reducción de personal y modificaciones en la estructura de diversas dependencias estatales.
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