La posibilidad —cada vez más instalada— de que Gastón Morales, hijo del exgobernador Gerardo Morales, sea nombrado vocal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, volvió a encender críticas sobre el mecanismo provincial para designar magistrados. Dirigentes políticos, especialistas en derecho y analistas advierten que el modelo vigente habilita al Poder Ejecutivo a impulsar candidatos sin contrapesos reales, lo que afectaría la independencia judicial y fortalecería la concentración de poder.
En la provincia, los concursos judiciales son evaluados por un Tribunal Evaluador que determina quiénes cumplen los requisitos básicos, pero sin establecer un orden de mérito. Esto le permite al gobernador seleccionar libremente a cualquier postulante, sin importar su desempeño.
Tras la elección, el pliego pasa a la Legislatura, donde la mayoría oficialista suele aprobarlo sin objeciones sustanciales. Para especialistas, este procedimiento convierte la designación de jueces en un proceso político antes que meritocrático y transparente.
El contraste con el modelo porteño
A diferencia de Jujuy, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un sistema donde el Consejo de la Magistratura:
- Lleva adelante concursos rigurosos con puntajes explícitos.
- Define un único candidato según orden de mérito.
- Envía ese nombre al Poder Ejecutivo, que no puede modificar la propuesta.
El organismo está conformado por nueve integrantes, de los cuales seis son representantes técnicos (tres jueces y tres abogados) y solo tres provienen del ámbito político, dejando a la política en minoría.
Sospechas sobre un nombramiento direccionado
El abogado Juan Giusti consideró que no sería sorprendente que Morales ingresara al tribunal. Según su lectura, podría ubicarse en la sala ambiental y administrativa, donde se definen cuestiones ligadas a minería y ambiente, ámbitos con fuerte injerencia privada y donde convergerían —según Giusti— vínculos entre consultoras mineras, fundaciones ambientales y la actividad académica del propio Morales en derecho ambiental.
Concursos judiciales: denuncias por manipulación en entrevistas
Giusti relató que ganó dos concursos provinciales obteniendo el puntaje más alto, pero nunca fue designado. Explicó que el sistema asigna:
- 40 puntos al examen escrito
- 30 puntos a los antecedentes
- 30 puntos a la entrevista personal
Este último tramo sería —según sus denuncias— el mecanismo que permite alterar resultados. Afirmó haber visto exámenes “calcados” entregados a postulantes vinculados al poder y entrevistas utilizadas para acomodar ternas, dejando sin peso la trayectoria profesional.
Falta de profesionalización en cargos clave
El abogado sostuvo además que el problema no afecta solo a jueces: muchos secretarios y prosecretarios accederían a sus cargos con preparación insuficiente, lo que repercute en la calidad del servicio judicial. Propuso concursos estrictos para todo el personal y mayor valoración de la formación académica sobre una entrevista breve.
CANNAVA y los cuestionamientos éticos
Giusti también vinculó el debate con la gestión de Gastón Morales en CANNAVA S.E., afirmando que la empresa estatal nunca presentó públicamente balances completos y que las explicaciones oficiales carecen de documentación accesible. Consideró que la falta de transparencia alimenta sospechas sobre el eventual ingreso de Morales al Poder Judicial y un posible blindaje institucional.
Organismos de control debilitados
El abogado criticó además el funcionamiento del Tribunal de Cuentas —ahora Auditoría— al que acusó de falta de independencia y escasa profundidad en sus investigaciones. Mencionó casos en los que se ignoraron irregularidades relevantes mientras se enfatizaban gastos menores.
Falta de reformas y continuidad del poder
Según Giusti, ni el gobierno actual ni el anterior muestran intención de reformar el sistema. Aseguró que el núcleo de poder sigue respondiendo al entorno de Gerardo Morales y que sería necesaria una reforma constitucional integral para reconstruir los mecanismos de control. Sostuvo que la Constitución vigente debilitó el sistema republicano y que debe reemplazarse por una elaborada “para todos los jujeños”.
Un Poder Judicial en riesgo
Para el abogado, si finalmente Gastón Morales es designado, se consolidaría un esquema que compromete la independencia judicial en áreas sensibles —como minería y ambiente— y profundizaría la desconfianza ciudadana. A su juicio, solo una transformación profunda del sistema institucional y una profesionalización completa del Poder Judicial y la administración pública podrían revertir la situación.
Deja una respuesta