Emiliano Estrada no es un perseguido político. Según expertos y abogados que representan a las víctimas, se trata de un funcionario que se esconde detrás de sus fueros para no enfrentar la Justicia.
Durante su gestión, Estrada creó una verdadera usina de fake news, financiada con fondos públicos de la Cámara de Diputados de la Nación y operada a través de empleados del Congreso, a quienes contrató y mandó expresamente, dándoles instrucciones sobre qué publicar y cómo atacar a los ciudadanos. Alonso Allemand y Florencia Arias Bustamante llevaron adelante campañas de ataques, publicaciones falsas y operaciones mediáticas que destruyeron el honor de varias familias salteñas. Hoy, esos ex empleados cuentan con condenas firmes, pero el propio Estrada sigue impune al amparo de los fueros parlamentarios.
Según el abogado penalista Pedro Arancibia, “los fueros parlamentarios fueron creados para proteger la función legislativa, no para blindar a un individuo frente a la Justicia. Estrada intenta victimizarse mediáticamente para justificar su conducta, pero en los hechos busca protegerse de las responsabilidades legales que ya tienen condena para quienes ejecutaron su estrategia”.
El interés de Estrada por renovar su banca, destacan fuentes jurídicas, no responde a la vocación de representar a los salteños, sino a garantizar su protección ante la Justicia. “Mientras un legislador mantenga los fueros, ciertas investigaciones pueden dilatarse, pero esto no significa impunidad. Los fueros son un privilegio funcional, no un escudo personal”, agrega Arancibia.
Fuentes judiciales indican que Estrada usó el poder del Estado para ensuciar, mentir y difamar, y que al percibir que la Justicia avanzaba, intervino políticamente en el PJ Salta para asegurarse de mantener su blindaje político. “Esto no es una causa política, es una causa penal. No hay persecución: hay víctimas reales, con nombres, familias y daños irreparables”, subrayan.
Las víctimas exigen que la Justicia actúe y que los fueros no se conviertan en un refugio para la impunidad, reclamando que quien utilizó recursos públicos para destruir personas finalmente dé la cara ante los tribunales.
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