El Gobierno nacional consiguió un triunfo legislativo de peso en el Senado tras aprobar el proyecto de modernización laboral por 42 votos a favor y 30 en contra, una de las iniciativas centrales del oficialismo para impulsar la creación de empleo formal. La propuesta será enviada ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a convertirla en ley antes del 27 de febrero.
La administración de Javier Milei reunió el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y diversos bloques provinciales, entre ellos Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad. El apoyo reflejó además el acompañamiento político de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).
En detalle, los 42 votos afirmativos estuvieron integrados por 20 legisladores libertarios, 10 radicales, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas y representantes individuales de otros bloques provinciales. En contraposición, los 30 votos negativos provinieron del interbloque peronista —conformado por el Justicialismo, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— al que se sumaron dos senadores de Santa Cruz.
La sesión comenzó a las 11.13 con 38 senadores presentes. La votación en general se realizó a la 1.20 de la madrugada y el debate en particular concluyó minutos antes de las 4, tras una jornada extensa y marcada por fuertes cruces políticos. En el tramo final estuvieron presentes funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem.
El proyecto incluye incentivos fiscales para promover el empleo formal, topes a las indemnizaciones, la habilitación de convenios por empresa, la creación de un banco de horas y límites al derecho de huelga en servicios esenciales. Durante el tratamiento en particular, el oficialismo rechazó las modificaciones impulsadas por senadores peronistas. En uno de los artículos vinculados a los aportes a gremios y cámaras empresarias, el oficialismo obtuvo 40 votos, dos menos que en otras secciones.
En medio de las negociaciones, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ante la imposibilidad de tratarlo como proyecto independiente durante las sesiones extraordinarias. También se mantuvo la decisión de autorizar únicamente a entidades bancarias para el pago de salarios, dejando abierta la posibilidad de que las billeteras virtuales accedan al sistema solo si se adaptan a las regulaciones del Banco Central.
Además, se establecieron topes para aportes sindicales —hasta el 2%— y contribuciones a cámaras empresarias —hasta el 0,5%—. En relación al Instituto Nacional del Cine (INCAA), se resolvió sostener su esquema actual de financiamiento hasta 2028 y luego integrarlo al Presupuesto Nacional.
El debate político fue intenso. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la reforma al sostener que el actual sistema laboral responde a una “legislación obsoleta” que mantiene al país “anclado en el pasado” y afirmó que la clave del crecimiento está en dinamizar el sector privado. Desde la oposición, el senador José Mayans calificó el proyecto como “inconstitucional”, advirtió que “va a fracasar” y cuestionó que modifique 41 leyes en una sola jornada. En la misma línea, Mariano Recalde aseguró que la norma “no está pensada para generar trabajo” y criticó cambios en derechos laborales históricos.
Por el oficialismo y aliados, el senador Juan Cruz Godoy sostuvo que la iniciativa busca reducir el temor de los empleadores a contratar por el riesgo de litigios, mientras que la radical Carolina Losada afirmó que la reforma generará más inversión, más empleo formal y mejores jubilaciones. Uno de los puntos más debatidos fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos mediante aportes empresariales, cuestionado incluso por algunos legisladores que acompañaron la ley en general.
Tras más de quince horas de discusión, con la intervención de 32 senadores y el cierre a cargo de diez jefes de bloque, el Senado dio media sanción a una de las reformas estructurales más relevantes que impulsa el Gobierno luego de la aprobación de la Ley Bases en 2024 y del Presupuesto 2026.
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