La postulación de Gustavo Ferraris para volver a integrar el organismo de control provincial reavivó la disputa política en la Legislatura salteña. El diputado Gastón Galíndez acusó a Guillermo Durand Cornejo de responder a los intereses del ex gobernador Romero.
Un trámite legislativo que se transformó en escándalo
Lo que en un principio parecía un trámite administrativo de rutina —completar las vacantes de la Auditoría General de la Provincia de Salta— terminó convirtiéndose en uno de los conflictos políticos más comentados de las últimas semanas en la Legislatura provincial. La Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados había elevado al Senado dos nombres para cubrir esos cargos: el radical Miguel Nanni y Gustavo Ferraris, expresidente del propio organismo de control.
El impedimento constitucional que nadie vio venir
La candidatura de Ferraris llevaba la firma política del diputado Guillermo Durand Cornejo, del bloque Conservador Popular. Sin embargo, un detalle pasó inadvertido en un primer momento: Ferraris había terminado su mandato como auditor el pasado 14 de mayo, tras completar diez años en el cargo, un período durante el cual protagonizó fuertes disputas internas, en particular por el informe sobre el Fondo de Reparación Histórica.
El problema de fondo es que, según la reforma constitucional de la provincia sancionada en 2021, los integrantes de la Auditoría General solo pueden ejercer un mandato de diez años, exactamente el tiempo que Ferraris ya había cumplido en el organismo. Su regreso, entonces, chocaba de manera directa con la nueva normativa.
El propio Durand Cornejo reconoció el error
Frente a la magnitud de la polémica, el propio Durand Cornejo salió a reconocer públicamente su equivocación. «Me he equivocado», admitió el legislador en declaraciones a Radio Nacional, y agregó: «La verdad que estoy absolutamente molesto. Primero conmigo, por haberme equivocado, por haber confiado en que existían los controles que veo que no existen». El diputado confirmó que presentaría una nota formal para intentar rectificar la situación, aunque para ese momento el trámite legislativo ya se encontraba en manos del Senado provincial.
La acusación de Galíndez: «Durand Cornejo sigue siendo romerista»
En medio de esta controversia, el diputado oficialista Gastón Galíndez fue uno de los que más duramente cuestionó el trasfondo político de la maniobra. Según sus propias declaraciones, la postulación de Ferraris respondía a un pedido directo del ex gobernador Juan Carlos Romero, y calificó a Durand Cornejo de «romerista» por sostener esa candidatura pese a los antecedentes y los reparos constitucionales existentes.
Galíndez remarcó además que la jugada tenía un trasfondo claro de alianzas de poder, y reconoció que el filtro final para la designación quedaría en manos del Senado provincial, en un proceso que, según sus propias palabras, «ya nace viciado».
El pasado de Ferraris en la gestión de Romero
La figura de Gustavo Ferraris está fuertemente asociada a la etapa de Juan Carlos Romero al frente de la provincia. Ferraris se desempeñó en la Secretaría de Seguridad durante ese período, una gestión marcada por episodios de alta conflictividad social, entre ellos la recordada represión a un grupo de docentes en la Plaza 9 de Julio de la capital salteña. Tras ese episodio, Ferraris fue promovido a un alto cargo dentro de la Corte de Justicia provincial, antes de asumir posteriormente en la Auditoría General.
Un organismo de control con integración debilitada
La polémica por la postulación de Ferraris se suma a una serie de tensiones que atraviesan a la Auditoría General de la Provincia desde hace meses. El organismo, que originalmente contaba con cinco integrantes, quedó funcionando con solo tres miembros luego de que dos de sus autoridades cesaran en sus cargos por vencimiento de mandato. Además, distintos legisladores impulsaron pedidos de juicio político contra otros miembros del cuerpo, entre ellos el presidente provisional Marcos Segura Alsogaray y la auditora Elsa Pereyra Maidana, por su actuación en el control del Fondo de Reparación Histórica.
Las críticas de otros sectores políticos
La controversia no se limitó al ámbito legislativo. El dirigente Carlos Zapata también salió a cuestionar duramente el funcionamiento del organismo, al calificarlo como «una oficina de encubrimiento» y denunciar un supuesto pacto de impunidad detrás de la distribución de los cargos de control técnico en la provincia. Incluso el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta manifestó sus propios reparos sobre los perfiles postulados para integrar la Auditoría.
El trasfondo de fondo: la vigencia del poder de Romero
Más allá de la discusión puntual sobre los requisitos constitucionales, el episodio dejó en evidencia algo que distintos sectores políticos salteños vienen señalando desde hace tiempo: la persistente influencia del ex gobernador Juan Carlos Romero en distintos espacios de poder provincial, más de una década después de haber dejado la gobernación. La frase elegida por El Expreso para su tapa de este miércoles —»Romeristas fuimos todos»— sintetiza esa lectura, que sugiere que buena parte de la dirigencia política salteña, más allá de las etiquetas partidarias actuales, responde en algún punto a esa misma matriz de poder.
Un tablero que combina acuerdos y trasfondos
Según remarca la propia tapa del periódico, la trama no se limita a la relación entre Durand Cornejo y Romero. En base a un acuerdo con el actual gobernador Gustavo Sáenz, otros actores también moverían los hilos detrás de escena en esta puja por los cargos de control, lo que agrega una capa adicional de complejidad a un conflicto que combina intereses partidarios, vínculos históricos y acuerdos políticos más recientes.
Qué puede pasar de acá en más
Con el trámite de designación ya en manos del Senado provincial, el desenlace de esta polémica dependerá de la decisión final de esa Cámara, que deberá resolver si avala la continuidad de Ferraris pese a los cuestionamientos constitucionales planteados por el propio legislador que impulsó su candidatura. Mientras tanto, la discusión sobre la verdadera independencia de los organismos de control en Salta, y sobre el peso real que todavía conserva el romerismo en la estructura de poder provincial, promete seguir dando que hablar en las próximas semanas.
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