A casi año y medio de la implementación del arancelamiento sanitario, el gobernador reafirmó los resultados de la medida en una entrevista con A24, en medio del debate nacional por un proyecto similar impulsado en la provincia de Buenos Aires.
Una medida que Sáenz volvió a poner en agenda
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a respaldar públicamente el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes y aseguró que la medida permitió priorizar el acceso de los salteños al sistema público de salud. Sus declaraciones se dieron en una entrevista con A24, en la que reafirmó los fundamentos de una política que la provincia sostiene desde hace más de un año.
El diagnóstico que motivó la medida
Sáenz explicó que, antes de la implementación del arancelamiento, era habitual que ciudadanos de países vecinos viajaran a la provincia con intervenciones médicas ya programadas, lo que generaba una fuerte presión sobre la capacidad hospitalaria local. «Venían a Salta, tenían cirugía programada, tenían cama, y los salteños no la tenían», expresó el mandatario, en referencia a la situación que buscó revertir con el decreto.
A quiénes alcanza la medida
El gobernador fue claro al remarcar que la normativa no afecta a los extranjeros que viven, trabajan y pagan impuestos en la provincia, sino que apunta exclusivamente a quienes cruzan la frontera con el único objetivo de utilizar el sistema sanitario público de manera gratuita. «Si pagan, los atendemos como corresponde, con excelencia, pero tienen que pagar», sostuvo, remarcando que la calidad de la atención no se ve afectada por el cobro.
Las excepciones que se mantienen
Sáenz también aclaró que las urgencias y emergencias médicas continúan atendiéndose de manera inmediata y sin condicionamientos, independientemente de la nacionalidad o situación migratoria del paciente. En esos casos, explicó, el cobro correspondiente se gestiona con posterioridad a la atención, una vez resuelta la situación de riesgo de vida.
El marco normativo de la medida
El arancelamiento comenzó a aplicarse el 1° de marzo de 2024, luego de que Sáenz firmara el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 129, que estableció que los extranjeros pertenecientes a las categorías de residentes transitorios y precarios debían contribuir a solventar los gastos de su atención sanitaria en los centros de salud provinciales, ya sea de manera directa o a través de un seguro de salud. Meses después, la medida fue convertida en ley provincial (N° 8421) tras su aprobación en ambas cámaras de la Legislatura salteña.
El impacto medido en números
Según datos oficiales difundidos por las autoridades sanitarias provinciales, la implementación del arancelamiento produjo una caída drástica en la atención de pacientes extranjeros en los hospitales de frontera. El propio ministro de Salud Pública, Federico Mangione, había señalado en su momento que los aproximadamente 3.000 pacientes bolivianos que llegaban mensualmente antes de la medida se redujeron a apenas 60, incluyendo también a algunos ciudadanos paraguayos y chilenos.
Además, el Gobierno provincial había informado anteriormente que, solo en el Hospital de Orán —el de mayor demanda de pacientes extranjeros por su cercanía con la frontera boliviana—, se logró un ahorro de 2.367 millones de pesos en apenas nueve meses de aplicación de la norma.
Un contexto de debate nacional
Las declaraciones de Sáenz se dieron en medio del debate nacional generado por un proyecto presentado en la provincia de Buenos Aires para cobrar la atención sanitaria y los estudios universitarios a extranjeros sin residencia permanente, una iniciativa que reavivó la discusión sobre el uso de los servicios públicos y la reciprocidad con otros países. Cabe recordar que, además de Salta, provincias como Jujuy, Mendoza y Santa Cruz ya aplican esquemas similares de arancelamiento sanitario para extranjeros no residentes.
Las voces críticas frente a la medida
La política de Salta no estuvo exenta de cuestionamientos. En su momento, el monseñor Luis Scozzina, a cargo de la Diócesis de Orán —una de las zonas de mayor aplicación de la norma por su cercanía con Bolivia—, había calificado la medida como una disposición con «cierto tinte xenófobo», al remarcar que muchas familias de la zona de frontera tienen parientes de ambos lados del límite internacional, lo que complejiza la distinción entre quienes buscan aprovechar el sistema y quienes tienen vínculos familiares genuinos con la provincia.
Un modelo que Sáenz buscó replicar a nivel nacional
Desde la implementación de la medida, el propio gobernador había invitado en reiteradas ocasiones a otras provincias y al Gobierno nacional a adoptar esquemas similares. Ese pedido encontró eco meses después, cuando el vocero presidencial anunció una serie de cambios en el régimen migratorio a nivel nacional que incluyeron el arancelamiento de universidades nacionales y la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes, en una medida que generó rechazo en distritos como la provincia de Buenos Aires, que ratificó que sus hospitales seguirán atendiendo a ciudadanos extranjeros sin costo alguno.
Un debate que sigue abierto
Con el proyecto bonaerense reavivando la discusión a nivel nacional, la experiencia salteña vuelve a ponerse como caso testigo dentro del debate sobre el arancelamiento de los servicios públicos para extranjeros no residentes. La discusión de fondo —el equilibrio entre la universalidad del sistema de salud público y la sostenibilidad financiera de las provincias fronterizas— continúa dividiendo opiniones entre quienes respaldan la medida como una herramienta de racionalización de recursos y quienes la cuestionan por su potencial impacto en comunidades con fuertes lazos binacionales.
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