El gobernador de Salta advirtió que la eliminación de una protección fitosanitaria vigente desde hace 30 años pone en riesgo las 3.000 hectáreas bananeras de la provincia y podría dejar la tierra improductiva por décadas. Los productores de la región también salieron a cuestionar la medida.
Un cruce inesperado entre Sáenz y el Gobierno nacional
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, uno de los mandatarios provinciales aliados de Javier Milei, cuestionó duramente a la administración nacional por derogar una serie de normas que durante más de tres décadas protegieron a las provincias del NOA del ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias.
La resolución que encendió la polémica
El origen del conflicto es la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, firmada el lunes 20 de julio, que eliminó ocho normativas de regulación de distintas actividades agropecuarias dictadas entre 1992 y 2013, al considerarlas obsoletas o que ya habían cumplido su objetivo. Entre ellas se encontraba una resolución vigente desde 1994 que impedía el ingreso al Noroeste Argentino de bananas originarias de países con presencia de determinadas plagas fúngicas, además de otra norma de 2006 que extendía esas exigencias fitosanitarias a las provincias de Formosa y Misiones.
El riesgo de la sigatoka y el Mal de Panamá
Según explicó Sáenz, la eliminación de esta protección fitosanitaria habilita el riesgo de ingreso de enfermedades como la sigatoka negra, un hongo foliar que afecta a bananos y plátanos, y el Fusarium, conocido popularmente como Mal de Panamá, ambas patologías con capacidad de arrasar cosechas enteras. «Si entra el hongo sigatoka a la región, se convierte en improductiva durante más de treinta años», advirtió el gobernador en diálogo con Radio Mitre.
El mandatario recordó que en su provincia existen 3.000 hectáreas dedicadas a la producción de bananas para todo el país, un cultivo que quedaría directamente expuesto ante la flexibilización de los controles fronterizos.
La dura crítica al centralismo de la medida
Sáenz fue categórico al calificar la decisión como una improvisación desde los despachos porteños: «Eso es una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario». El gobernador reclamó además mayor diálogo federal: «De una vez tienen que consultar con las provincias», sostuvo, y calificó lo ocurrido como «una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene la producción y su gente».
El respaldo de los productores bananeros
El cuestionamiento de Sáenz no estuvo aislado. Productores bananeros de los departamentos de Orán y San Martín, en el norte salteño, también manifestaron su profunda preocupación por la medida. José Luis Checa, presidente de la asociación de productores de la región, remarcó a Bichos de Campo que la apertura del mercado a la banana importada podría comprometer «miles de puestos de trabajo directos e indirectos, inversiones productivas y toda la cadena de valor regional».
Otro productor de la zona, identificado como Ayala, expresó su sorpresa por la decisión: «Me sorprende y me duele muchísimo saber que se ha liberado el ingreso de fruta desde el exterior, poniendo en riesgo el estatus sanitario nuestro. Nosotros somos libres, por ejemplo, de sigatoka negra, que para tratarla implica unas 50 fumigaciones anuales».
Un cruce que se da en un contexto de tensión política
Las críticas de Sáenz llegan en un momento particular de la relación entre el gobernador y la Casa Rosada. El propio mandatario salteño no participó de la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, a la que Milei asistió junto a su Gabinete y un reducido grupo de gobernadores, en momentos donde el oficialismo también atraviesa dificultades para reunir los votos necesarios para eliminar las PASO en el Congreso, pese al diálogo que mantiene con la mayoría de los mandatarios provinciales.
El trasfondo: la desregulación agropecuaria nacional
La medida se enmarca dentro de la estrategia general del Gobierno nacional de avanzar con la desregulación de distintas actividades económicas, en lo que desde el propio Ejecutivo se conoce informalmente como las «leyes hojarasca», normas consideradas obsoletas o redundantes que se eliminan para simplificar la actividad productiva. Sin embargo, en este caso puntual, la eliminación de una protección fitosanitaria específica generó un fuerte rechazo tanto de las autoridades provinciales como de los propios productores afectados.
Un reclamo por mayor consulta federal
Más allá de la discusión técnica sobre el riesgo fitosanitario, el reclamo de fondo que planteó Sáenz apunta a la falta de consulta previa entre el Gobierno nacional y las provincias productoras antes de tomar este tipo de decisiones. Esa crítica se suma a otros reclamos similares que distintos gobernadores vienen realizando en los últimos meses respecto de medidas nacionales que impactan directamente en las economías regionales sin una instancia de diálogo federal previa.
Qué puede pasar de acá en más
Con la polémica ya instalada y el respaldo de los productores bananeros a la posición del gobernador, la discusión se centra ahora en si el Gobierno nacional dará marcha atrás con la derogación de la norma o si mantendrá la resolución vigente pese a los cuestionamientos. Mientras tanto, la producción bananera del norte salteño queda expuesta a un riesgo sanitario que, según advierten tanto el gobernador como los propios productores, podría tener consecuencias económicas de largo plazo para una de las principales economías regionales de la provincia.
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