Andrés Arce, legislador de La Libertad Avanza por Tartagal, salió a respaldar la reforma que impulsa el Gobierno nacional para eliminar el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros, en medio de un debate que genera fuertes resistencias en el Senado.
Un respaldo desde el norte salteño
El diputado provincial Andrés Ariel Nicolás Arce se refirió al debate por la modificación de la ley de tierras y sostuvo que la discusión generó interpretaciones que, a su entender, no se ajustan al verdadero objetivo de la propuesta. El legislador, que representa al departamento General José de San Martín con eje en Tartagal, buscó despejar lo que considera una lectura equivocada sobre los alcances de la reforma.
El argumento de Arce: inversión, no entrega de tierras
Desde Tartagal, el diputado afirmó que en la zona ya existen inversiones extranjeras vinculadas a la producción agropecuaria y remarcó que la iniciativa apunta a generar mayor desarrollo económico regional, y no a «entregar tierras» como sostienen sus críticos. Según su planteo, la presencia de capital extranjero en el norte provincial no es un fenómeno nuevo, sino una realidad productiva ya instalada que la reforma buscaría ordenar y potenciar.
El contexto: un proyecto que genera fuerte resistencia
Las declaraciones de Arce se dan en medio de un tenso debate legislativo a nivel nacional. El Senado se apresta a discutir la eliminación del límite del 15% que, desde 2011, restringe la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, en el marco del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, atravesó trece versiones antes de llegar al recinto y acumula resistencias de organizaciones sociales, la Iglesia católica, ambientalistas y de distintos bloques políticos.
Las voces críticas a nivel nacional
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas calificó la iniciativa como un «punto de inflexión gravemente regresivo para el ejercicio de la soberanía territorial» y advirtió que podría derivar en «mayor concentración, aumento del valor de la tierra y presión sobre el mercado de tierras». La Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas también enviaron una carta a los senadores nacionales pidiendo que la discusión se guíe «por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares».
Incluso dentro del propio arco de gobernadores dialoguistas surgieron cuestionamientos: el diputado nacional y exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, advirtió que la aprobación del proyecto «pondría en riesgo la producción, el ambiente y la soberanía» de su provincia.
El dato que usan los críticos
Quienes cuestionan la reforma remarcan que, según el propio Registro Nacional de Tierras Rurales, el nivel real de extranjerización del territorio nacional es del 5,57%, muy por debajo del tope del 15% que establece la ley vigente desde 2011, lo que para los críticos del proyecto refuerza el argumento de que no existe una urgencia real que justifique la reforma.
El caso salteño en la discusión nacional
Salta ya es una de las provincias con mayor presencia de capitales extranjeros en su territorio rural. Distintos informes periodísticos señalan la operación de empresas como la china High Luck Group, con concesiones petroleras en la zona de Tartagal, la francesa Eramet, que avanza sobre tierras de la Puna para la explotación de litio, y grandes productores agropecuarios extranjeros en el departamento de Anta. En ese contexto, la localidad de San Carlos, en los Valles Calchaquíes, es señalada como una de las zonas con mayor porcentaje de tierra extranjerizada del país.
Un debate con final abierto en el Senado
Con el oficialismo acelerando negociaciones para conseguir los votos necesarios y varios senadores aliados todavía sin definir su posición, el resultado de la votación en el Senado nacional continúa siendo incierto. La postura de legisladores provinciales como Arce, que defienden la reforma desde el terreno donde ya opera la inversión extranjera, se suma a un debate que combina argumentos productivos, ambientales y de soberanía territorial, y que promete seguir dando que hablar en las próximas semanas tanto a nivel nacional como en las economías regionales directamente involucradas.
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