Sáenz, Jaldo y Figueroa decidieron no pagar el costo político de acompañar la reforma que impulsaba el Gobierno de Javier Milei, en medio de una fuerte presión social. El oficialismo terminó bajando el capítulo más polémico del proyecto de propiedad privada.
Un castillo de naipes que se derrumbó en días
Al calor de la creciente presión política de los sectores más críticos de la administración de Javier Milei, la mayoría que Patricia Bullrich creía tener para aprobar el aumento en los límites para la venta de tierras a extranjeros se derrumbó en cuestión de días. La situación había sido anticipada por una senadora de larga experiencia política en una conversación reservada que mantuvo con Bullrich el lunes previo a la sesión: «¿Cómo están con los votos?», preguntó la legisladora. «Bien, estamos un voto arriba», respondió la jefa del oficialismo en la Cámara alta. «Ojo, porque un voto arriba hoy es un voto abajo el jueves; no te van a aguantar la presión», le retrucó.
Los tres gobernadores que marcaron el quiebre
Gran parte de la responsabilidad del fracaso oficialista recae en la decisión adoptada por tres gobernadores considerados aliados o dialoguistas del Gobierno nacional: Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Rolando Figueroa, de Neuquén. Los tres mandatarios provinciales resolvieron que no iban a pagar el costo político de acompañar una reforma que generaba fuerte rechazo en sus propios territorios.
Figueroa fue el más contundente en su rechazo público: «No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar» los recursos estratégicos que, según remarcó, deben permanecer en manos de argentinos. Esa posición tuvo un efecto directo sobre la representación neuquina en el Senado: la senadora Julieta Corroza, hasta hace pocos días considerada una posible aliada del oficialismo, terminó alineándose con la postura del gobernador. Por su parte, Jaldo confirmó el voto negativo de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, sosteniendo que se puede invertir en el país sin necesidad de flexibilizar los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
El caso salteño
En Salta, el rechazo se sostuvo desde otro flanco: trascendió que la senadora Flavia Royón no aceptaba votar a favor del proyecto, un dato que terminó de inclinar la balanza en contra del oficialismo. La legisladora, además, se diferenció públicamente de Milei al posar con un termo que reivindica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, un gesto leído en clave política en medio del clima instalado tras el Mundial.
El otro voto que se cayó: Mendoza
A esos tres gobernadores se sumó el retiro de otro apoyo clave: el mendocino Rodolfo Suárez planeaba directamente ausentarse de la sesión para restarle su voluntad al oficialismo, profundizando aún más el déficit de votos que enfrentaba el Gobierno en la antesala del debate.
Un capítulo con dieciséis versiones y cuatro postergaciones
El capítulo tres del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llegó a tener dieciséis versiones distintas a lo largo de meses de negociación, con un tope de extranjerización que en su última formulación había sido fijado en 25% del territorio provincial. Pese a esas sucesivas modificaciones pensadas para sumar apoyos, el proyecto ya acumulaba cuatro postergaciones previas antes de este nuevo traspié.
La decisión final del Gobierno
Ante la catarata de rechazos de senadores aliados y los pronunciamientos en contra de los gobernadores, Javier Milei tuvo que bajar el capítulo de extranjerización de tierras contemplado en la ley de propiedad privada. La decisión buscó garantizar, al menos, el tratamiento del resto del proyecto —que incluye reformas sobre expropiaciones, desalojos y manejo del fuego— en la sesión de este jueves, evitando así una derrota total en el recinto.
El marco de presión social
La decisión de los gobernadores se dio en medio de una fuerte movilización social convocada bajo la consigna «La Patria no se vende», que reunió tanto a organizaciones sindicales y sociales como a artistas y streamers de amplia llegada entre el público joven. Ese clima de rechazo generalizado, sumado a la revelación de que el senador libertario Joaquín Benegas Lynch es dueño de una empresa dedicada justamente a gestionar ventas de tierras a extranjeros, terminó de complicar el escenario para el oficialismo en la antesala de la votación.
Otras tensiones institucionales paralelas
El debate se dio además en medio de otro frente de tensión: la vicepresidenta Victoria Villarruel le concedió a la senadora opositora Anabel Fernández Sagasti la posibilidad de votar en forma remota pese a su embarazo avanzado, una decisión interpretada en los bloques opositores como la garantía de un voto adicional en contra que podía inclinar aún más la balanza. Milei, por su parte, adelantó un viaje a Ecuador, lo que fue leído como una manera de evitar quedar expuesto a un eventual desempate de la propia Villarruel en el recinto.
Un nuevo traspié legislativo para el Gobierno
El retroceso en el capítulo de tierras se suma a una serie de dificultades que el oficialismo viene atravesando en el Senado para destrabar su agenda legislativa, en un contexto donde la relación con gobernadores aliados y dialoguistas exige cada vez mayores concesiones para sostener acuerdos que, en casos como este, terminan quebrándose ante la magnitud del rechazo social y político.
Qué escenario queda planteado
Con el capítulo de extranjerización ya retirado del proyecto y el resto de la reforma todavía en discusión, el episodio deja instalada una pregunta de fondo sobre el margen de maniobra real que tiene el Gobierno para avanzar con su agenda de desregulación en el Senado, incluso contando con gobernadores considerados aliados. La decisión de Sáenz, Jaldo y Figueroa de no acompañar la iniciativa marca, además, un antecedente que podría repetirse en futuras negociaciones legislativas, en la medida en que ninguno de los tres mandatarios provinciales estuvo dispuesto a asumir el costo político de una medida fuertemente resistida por la sociedad.
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